Luz verde al anteproyecto de la ley de trata que reconoce los derechos a las víctimas sin necesidad de interponer denuncia

El Consejo de Ministros aprobó este viernes con motivo del Día Internacional de las Mujeres un paquete de medidas ligadas a la igualdad. Además, recuperó el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata para iniciar de nuevo su trámite, que decayó en la anterior legislatura con la convocatoria de elecciones y en el que se desliga la denuncia de la protección.

El anteproyecto adopta por primera vez un enfoque integral de la trata. Así, la respuesta de los poderes públicos va más allá de la respuesta penal y aborda también la prevención y la sensibilización de la sociedad, la detección temprana y la asistencia y protección a las víctimas, destacó Redondo.

Entre las novedades, la ley reconoce los derechos de las víctimas de la trata sin necesidad de interposición de denuncia. En este sentido, Redondo dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley "no será punitivista" porque "no hará falta denunciar para acceder a todos los derechos, como recibir el Ingres Mínimo Vital (IMV)" y señaló que "las víctimas serán consideras como colectivo prioritario para obtener una vivienda pública".

"Además tendrán derecho a asistencia letrada" y contempla un régimen de ayudas económicas para la víctima y sus hijas o hijos o personas dependientes a su cargo.También se ha aprobado un real decreto por el que se regule la concesión de ayudas económicas a las víctimas de las violencias sexuales con bajos ingresos.

Se trata de un avance en el desarrollo de la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual. Se las equipara con las víctimas de violencia de género.

El Ministerio del Interior, por su parte, aprobará una instrucción para actualizar los criterios y procedimientos para la inactivación de casos del sistema Viogén. En función del riesgo, el mecanismo se podrá mantener activo incluso hasta un año después de que el agresor haya cumplido su condena. Se trata de mejorar la seguridad de las víctimas.

El Gobierno también ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un cambio en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal en caso de violencia de género, de forma que éstas no se consideren de contingencia común, sino que, a efectos económicos, se consideren de contingencia profesional. Esto da mayor protección económica y social a las víctimas.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. “Supone un ejercicio de coherencia”, defendió Redondo.

Se trata de una propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que recoge entre sus novedades un listado de conductas constitutivas de acoso para facilitar su aplicación e incluye como acoso el que se ejerce a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso.

El Protocolo incluye la obligación de los empleados públicos de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozcan, para lo que debe establecerse un mecanismo sencillo y confidencial; la obligación para la administración de atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima; y la necesidad de acometer las actuaciones con celeridad, garantizando -salvo excepciones justificadas- que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.