Rousseff, con sabor "amargo" de "injusticia", denuncia un "golpe de Estado"

La presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, eligió hoy un tono combativo en su alegato final en el juicio político que el Senado sigue en su contra y admitió que siente el "sabor amargo de la injusticia", mientras el país está "a un paso de un golpe de estado". Arropada por buena parte de su Gabinete, por su padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y por amigos, como el cantante Chico Buarque, la presidenta desgranó, durante un discurso de unos 45 minutos, los argumentos de su defensa en intervención ante el pleno del Senado.

Rousseff dijo que siente "el gusto amargo y áspero de la injusticia" y advirtió a los senadores que no caería en "el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar contra el estado de derecho".

Con una firmeza que se quebró por la emoción contenida apenas unos segundos casi al final de su intervención, Rousseff insistió en su inocencia y aseguró que, en el ejercicio de su mandato, cumplió con rigor con el "compromiso de defender la Constitución" y las leyes. "No lucho por mi mandato, vanidad o apego al poder. Lucho por la democracia, la verdad y la justicia", afirmó.

"Solo temo por la muerte de la democracia", llegó a decir en un momento de una intervención en la que insistió en que ha sido "acusada injusta y arbitrariamente" para darle viabilidad a "un golpe" promovido por la elite política y económica.Este juicio, agregó, es resultado de una "conspiración" que empezó a cuajarse en octubre de 2014, cuando fue reelegida para un segundo mandato.

Las acusaciones son, a su juicio, "pretextos" para imponer políticas que "atentarán contra los derechos sociales" que los brasileños "conquistaron" desde 2003, cuando Lula llegó al poder. "Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad", dijo Rousseff, que evocó su experiencia en la cárcel durante su lucha contra la dictadura, en los años 70, y denunció que ahora pretenden someterla a "la pena de muerte política".

"La primera vez fui condenada por un tribunal de excepción y de ello quedó una foto en la que miro de frente a mis verdugos con la cabeza erguida, mientras ellos se escondían", recordó. "Hoy no hay prisión ilegal, no hay tortura, mis jueces llegaron aquí por el mismo voto popular que me llevó a la Presidencia y les tengo el mayor respeto por eso, pero los sigo mirando con la cabeza erguida y sufro de nuevo con el sentimiento de injusticia y el recelo de la que democracia sea traicionada", denunció.

La presidenta, suspendida temporalmente del cargo en mayo y sustituida por Michel Temer -su vicepresidente-, sostuvo que un cambio de Gobierno, en un "régimen presidencialista" como el que rige en Brasil, sólo puede ser hecho "por el pueblo y mediante elecciones" y no "mediante una ruptura democrática" como la que, en su opinión, puede decretar el Senado con su destitución.

"Todos seremos juzgados por la historia", concluyó la gobernante, que insistió en sus argumentos durante el turno de preguntas y respuestas abierto con los senadores, que se prolongará hasta bien entrada la madrugada si se cumplen las previsiones.

Fuera del Congreso, cientos de simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, siguieron el desarrollo de la jornada en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El pleno del Senado, compuesto por 81 senadores, decidirá, probablemente entre el martes y el miércoles, el futuro de la primera presidenta de la historia de Brasil.