El Ateneo de Madrid ha puesto como garantía ante la Audiencia Nacional todos sus bienes inmuebles (con sus edificios ubicados en calle del Prado 19 y 21 y el de Santa Catalina 10), junto con sus bienes muebles, para poder desbloquear el embargo de sus cuentas dictado por la Agencia Tributaria ante la deuda contraída por no devolver una cantidad de 1,4 millones de euros por no justificar de forma adecuada parte de una subvención para obras de reforma en la institución concedida por el Ministerio de Educación y Cultura en 2010.
Así lo ha indicado en rueda de prensa el presidente de la institución, César Navarro, tras la Junta extraordinaria convocada ayer para analizar la situación generada por la decisión de la Agencia Tributaria de bloquear las cuentas del Ateneo. Por otro lado, se ha consensuado solicitar ante la Audiencia un plan de pagos con la Agencia Tributaria.
El Ateneo ha decidido que para salir de la situación entrega como aval todos sus bienes inmuebles que comprende los tres edificios con los que cuenta, dado que se entiende que la institución es un conjunto "indivisible".
En este sentido, el valor del edificio de Santa Catalina 10 tiene un valor de 1,5 millones de euros, el de Paseo del Prado 21 ronda los 4,7 millones y el de Paseo del Prado 19, 677.000 euros. También se aporta bienes como pinturas y colecciones, puesto que solo 400.000 euros no están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) y no se cubre la cantidad solicitada
Además, el presidente de la institución ha explicado que la Junta de Gobierno actual ha tenido que gestionar esta situación "heredada" y que se produce después de que el Ministerio de Educación y Cultura considera que la justificación de parte de la subvención concedida, algo obligado, era "escasa, insuficiente y en la mayor parte de los casos, incorrecta y confusa".
Aparte, Navarro considera que la institución, si se descubre algún ilícito penal en el proceso judicial abierto en el juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ante una denuncia presentada en su día ante la Fiscalía por presunta malversación y fraude en subvención (que afecta a algunos miembros de la actual Junta de Gobierno), de personarse como acusación particular contra las personas responsables.
