38 detenidos en Madrid por crear empresas ficticias para defraudar a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha detenido a 38 personas en un operativo contra un entramado con sede en Madrid que, supuestamente, se dedicaba a crear empresas ficticias para dar de alta en la Seguridad Social a sus clientes, quienes pagaban hasta 3.500 euros para obtener beneficios como la regularización de su situación en España.

Dos de las arrestadas, una rumana de 46 años y una española de origen marroquí de 68, actuaban presuntamente de intermediarias en la simulación de la actividad, ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Segunda fase

Se trata de la segunda fase de la investigación sobre este fraude a la Seguridad Social, ya que en julio de 2021 fueron arrestadas 20 personas, entre ellas el cabecilla del entramado.

Según constataron entonces los investigadores, este hombre regentaba una oficina en el distrito madrileño de Carabanchel desde donde se tramitaban alquileres de viviendas, créditos personales, ventas de contratos de trabajo, altas en la Seguridad Social y matrimonios concertados para la obtención de permisos de residencia.

Ahora, en la segunda fase del operativo, han sido detenidas 38 personas -22 mujeres y 16 hombres-, en su mayoría dominicanos, nigerianos, guineanos y marroquíes. Siete de ellos tenían antecedentes policiales previos.

Simulación de relaciones laborales

Mediante dos empresas ficticias, dedicadas supuestamente a la construcción y a la confección de ropa, se simularon relaciones laborales de hasta 56 trabajadores que les permitieron acreditar los requisitos suficientes para acceder a permisos de residencia y otros beneficios.

Así las cosas, el entramado llegó a generar una deuda por el impago de cuotas a la Seguridad Social de 63.000 euros, además del fraude de 26.000 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo.

Matrimonios concertados

Los clientes disponían de distintas tarifas en función de los servicios solicitados. Por ejemplo pagaban 3.500 euros por un contrato de trabajo para regularizar su situación en España y 600 euros por el alta en una de las empresas.

El entramado también gestionaba matrimonios concertados con ciudadanas comunitarias, a las que ofrecían hasta 3.000 euros para poder regularizar la situación de clientes extranjeros mediante la solicitud de residencia por ser familiar de comunitario.

A los 38 detenidos se les imputa un delito de falsedad documental, y a las dos intermediarias, además, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.