Adeslas, Asisa y DKV renuncian a acudir al concierto de Muface

Adeslas, Asisa y DKV han decidido no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en el ámbito de Muface, la mutualidad de los funcionarios, según han anunciado las compañías en sendos comunicados.

Estas tres aseguradoras eran las únicas que prestaban asistencia sanitaria a través de Muface en el último concierto.

De su lado, Adeslas sí ha decidido que se presentará a los conciertos de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas). En estas dos mutualidades, los beneficiarios alcanzan a nivel total los 650.000 beneficiarios.

"Con esta decisión, Adeslas mantiene su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permiten hacerlo sostenible, por los beneficios que ofrece a los funcionarios y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario español", explica la aseguradora.

La decisión de DKV es no presentarse ni a Muface ni Mugeju. En el comunicado donde informa de su decisión, la aseguradora detalla que tendría unas pérdidas de 77 millones de euros en dos años, casi las mismas que en el anterior concierto, que fue de tres años.

La compañía asegura que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido más de un 10% superior a la prima que ha recibido.

De su parte, Asisa ha decidido presentarse únicamente a los conciertos de Isfas y Mugeju, por lo que también evitará el de Muface.

El pasado 8 de octubre, el Gobierno sacó a licitación pública el nuevo concierto de las tres mutualidades con una subida en la prima del 17,12%.

La primera oferta del Gobierno a las aseguradoras fue un alza en las primas del 14%, algo insuficiente para ellas y tras lo cual amenazaron con levantarse de la negociación y dejar caer el concierto. Pedían un alza del 40% para no agravar sus pérdidas.

CSIF exige al ministro de Función Pública una reunión inmediata

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de los funcionarios tras la renuncia de las aseguradoras a acudir al concierto sanitario de MUFACE y exige al ministro de Función Pública, Oscar López, una reunión inmediata donde se garantice este sistema de aseguramiento público.

En este sentido, añade, "CSIF seguirá luchando por el mantenimiento del modelo de MUFACE y tomará todas las medidas de presión que considere oportunas para garantizar su continuidad". Además, considera que las condiciones del nuevo concierto, que ha motivado la salida de las aseguradoras, elimina las garantías para que los más de un millón y medio de funcionarios y sus familias continúen recibiendo una asistencia sanitaria a través de MUFACE.

CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo; y recuerda que ya advirtió que la oferta del Gobierno era "totalmente insuficiente" y que el modelo "corría el riesgo de morir por inanición".

"Nuestros funcionarios se merecen la mejor atención en el marco de un modelo asistencial que forma parte de sus condiciones laborales desde el momento en el que ganan la oposición", concluye, recordando que el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo.

Respuesta de MUFACE

La Dirección General de Muface ha convocado a los sindicatos a una reunión urgente el próximo jueves día 7, según ha informado UGT a través de un comunicado.

El Ministerio de Sanidad está analizando el impacto que podría tener para el Sistema Nacional de Salud la absorción de 1,5 millones de funcionarios si no se llega a mantener el modelo Muface, pero ha garantizado que si eso ocurre, la sanidad pública trabajará para garantizar su asistencia.

Muface ahora trabaja en una nueva licitación, en principio con mejores condiciones, para dar esa cobertura a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que, sin concierto, tendrían que integrarse en la sanidad pública.

Para anticiparse, el Ministerio de Sanidad está preparando un informe pormenorizado del impacto que ese trasvase podría acarrear al SNS.

Desde este departamento apelan a la necesidad de respetar los procesos de negociación, aunque las fuentes consultadas han querido dejar claro que en este Ministerio no se entiende que los empleados públicos sean atendidos por la sanidad privada.

Por eso, y si esas negociaciones culminaran sin dar frutos, Sanidad ha garantizado que el sistema público trabajará para dar asistencia a los funcionarios.

"Los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad", ha asegurado en un comunicado Muface, tras conocerse la renuncia de las tres aseguradoras.