Banco de España: subir pensiones y sueldos públicos en 2023 costará unos 21.300 millones de euros
- De los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos
El Banco de España calcula que la revalorización de las pensiones y la subida de los salarios públicos prevista para 2023 elevará el gasto público en unos 21.300 millones de euros, de los que 15.000 millones serán para las pensiones y otros 6.300 millones para la remuneración de los asalariados públicos.
En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha detallado que cada punto porcentual de revalorización de las pensiones con el índice de precios de consumo (IPC) supondrá un gasto adicional de unos 1.800 millones, con lo que la subida del 8,5% aproximado que ha estimado el Gobierno en los presupuestos de 2023 costaría 15.000 millones.
La subida definitiva de las pensiones se conocerá cuando se publique el dato de inflación de noviembre, dado que la reforma de las pensiones de 2021 contempla que la revalorización anual se haga con la media de las tasas interanuales de IPC de los doce meses anteriores hasta noviembre.
El Banco de España prevé un mayor aumento de recaudación que los Presupuestos del Gobierno
Respecto a los sueldos públicos, el Banco de España estima que cada punto porcentual de subida de la remuneración elevará los gastos de personal en 1.400 millones, de forma que la subida de hasta el 3,5% prevista para 2023 (2,5% fijo más un 1 % variable) costaría 6.300 millones aproximadamente.
Pensiones y sueldos públicos son las dos principales partidas presupuestarias afectadas por el aumento de la inflación, que el Banco de España calcula que llegará al 8,7% de media este año, para moderarse al 5,6% en 2023 y al 1,9% en 2024.
El gasto en intereses de la deuda pública también sería sensible al aumento de la inflación, dado que a finales de 2021 los bonos indiciados a la inflación representaban aproximadamente un 5 % del saldo vivo de valores de deuda emitidos por las Administraciones Púbicas, lo que supondría un incremento de los gastos por intereses a lo largo de 2022 de unos 4.000 millones.
