El grupo BFA-Bankia ha pedido al Estado una ayuda pública de 19.000 millones de euros, que se sumará a los 4.465 ya inyectados, en lo que supone el rescate más caro de la historia financiera española. El dinero servirá para hacer frente a las provisiones inmobiliarias exigidas por el Gobierno, así como a las necesidades de capital detectadas por la auditoría de Deloitte, la auditora que se negó a firmar las cuentas hasta que se corrigieran estos desequilibrios.
La cifra solicitada por BFA-Bankia sorprende por lo elevado de la cuantía, que excede con mucho a los 15.000 millones de euros que el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo que aportaría para todo el sector en su conjunto.
DIMITE EL CONSEJO DE BANKIA EXCEPTO GOIRIGOLZARRI Y VERDÚ
El Consejo de Administración de Bankia ha presentado su dimisión en bloque, con las excepciones del presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado Francisco Verdú.
AYUDA PÚBLICA PARA CUMPLIR LAS EXIGENCIAS DEL GOBIERNO
La ayuda pública demandada por Bankia servirá para cumplir las nuevas exigencias de saneamiento impuestas por el Gobierno, para cubrir las necesidades de capital detectadas por la auditora Deloitte y para poder afrontar deterioros futuros de la cartera. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció el miércoles la disposición del Gobierno a aportar toda la ayuda que fuese necesaria.
Solo en saneamiento de créditos para la promoción inmobiliaria, Bankia necesita 7.100 millones de euros, y unos 1.900 millones para crear un colchón de capital con el que cubrir mejor el riesgo del suelo y las promociones en curso. Pero además, si Bankia quiere lograr que su auditor apruebe las cuentas del pasado ejercicio, deberá tapar un agujero por los créditos fiscales, próximo a 3.000 millones.
Por último, para cubrir "al máximo posible" otros riesgos de la cartera como hipotecas a particulares, créditos a pymes o préstamos refinanciados, Bankia sumaría una tercera partida millonaria. Ésta, según las fuentes consultadas, será la que haga que la ayuda pública solicitada sea de 19.000 millones.
La reunión del consejo de administración de hoy también podría servir para empezar la remodelación de este órgano, ya que De Guindos advirtió ayer de que para recibir el apoyo público es necesario que Bankia y su matriz, BFA, profesionalicen su gestión.
Esto se traducirá en una reducción del tamaño de los dos consejos de administración y la renovación de sus miembros, entre ellos varios políticos, para que haya "profesionales de reconocido prestigio e independientes".
Para De Guindos, esta última condición es "imprescindible" para atraer futuros inversores y garantizar la viabilidad del grupo, que pasará a estar controlado totalmente por el Estado en cuanto termine la valoración que se está haciendo del mismo y Bruselas autorice la operación.
BANKIA FUERA DE LA BOLSA
Bankia ha afirmado que "la falta de concreción en las cifras" le ha llevado a pedir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la suspensión en Bolsa el mismo día en que su consejo de administración se reune para someter, entre otros asuntos, a su aprobación la reformulación de las cuentas anuales del 2011 y la remisión al Banco de España de su plan de recapitalización. "La sociedad, a la vista de la falta de concreción en las cifras hasta que el consejo haya adoptado el acuerdo definitivo, solicita a la CNMV la suspensión de la cotización", ha señalado la entidad en un comunicado remitido al organismo supervisor.
El consejo de administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, aprueba hoy el plan de viabilidad del grupo y la ayuda pública para llevarlo a cabo por 19.000 millones, según fuentes financieras. Al cierre de la sesión precedente, sus títulos cerraron a 1,57 euros, después de perder el 7,43 %.
Asimismo, la CNMV ha suspendido la cotización de los valores de renta fija de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia. Hoy la entidad vive una jornada crucial para su futuro, con la aprobación del plan de viabilidad para los próximos años, que contempla la petición de una ayuda estatal de 19.000 millones de euros.
