Alemania creará 3.500 puestos adicionales para combatir el trabajo en negro

El Gobierno alemán aprobó un proyecto de ley destinado a incentivar la lucha contra el trabajo ilegal y el fraude en el mercado laboral, lo que implicará la creación de 3.500 puestos para realizar los controles pertinentes.

El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, presentó el proyecto de ley, entre cuyos objetivos se incluye combatir la explotación laboral de quienes están empleados en la economía sumergida.

"Condiciones menudo infrahumanas"

"La ley está destinada a conseguir un mercado laboral más justo y bien organizado", afirmó Scholz, quien aludió a las condiciones "a menudo infrahumanas" en que se aloja a trabajadores empleados fuera del mercado laboral regular.

La lucha contra el trabajo en negro incluirá la ampliación de los efectivos destinados a realizar los controles pertinentes, actualmente 7.900, en unos 3.500 más, que quedarán asignados al departamento de Control Financiero sobre el Trabajo Ilegal (FKS).

Los controles realizados en los últimos dos años por el FKS apuntan a que la economía sumergida provocó pérdidas por unos 1.800 millones de euros.

"Es prioritario combatir los abusos y situaciones de casi explotación"

Scholz insistió en que el propósito prioritario es "combatir los abusos" y "situaciones de casi explotación", como las que viven trabajadores temporeros, tanto en lo que concierne a los salarios que perciben como a las condiciones en que se les aloja.

La situación del mercado laboral alemán se considera sólida, con un índice de desempleo bajo -un 5,3% de media nacional, según las cifras del pasado enero- mientras que la ocupación está a niveles récord.

El número de personas sin trabajo se sitúa ahora en los 2,4 millones, al tiempo que el de ciudadanos residentes en Alemania laboralmente activos subió en el último trimestre de 2018 a 45,2 millones, lo que representa un récord histórico.

El subempleo -personas con trabajos precarios, aunque dentro del mercado regular- afecta a unos 3,2 millones de ciudadanos, mientras que los perceptores de prestaciones sociales básicas, los llamados Hartz IV, se sitúan en 4 millones.