Bruselas pide al Gobierno que mantenga los aspectos positivos de la reforma laboral de Rajoy

La Comisión Europea ha instado al Gobierno a evaluar de forma "cuidadosa" el impacto potencial que tendría cualquier modificación de la reforma laboral llevada a cabo en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a "preservar" los aspectos más positivos de la misma, que "apoyó una sólida creación de empleo" durante la fase de recuperación.

Así consta en el informe sobre la economía española que el Ejecutivo comunitario ha publicado este miércoles. "Será importante que sólo se adopten nuevas medidas tras una cuidada evaluación de su potencial impacto y manteniendo los logros de pasadas reformas", dice el texto.

Bruselas indica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado su "intención" de "revisar" aspectos de la última reforma laboral, sobre la que "se reconoce que apoyado una fuerte creación de empleo durante la recuperación".

"Las reformas laborales adoptadas en 2012 y 2013 en respuesta a la crisis han demostrado haber jugado un papel importante en la promoción de una recuperación rica en empleo que comenzó en 2014", apunta el documento, citando un informe de este año del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En concreto, señala que el nuevo Gobierno pretende restablecer el poder de negociación y "superar" la segmentación laboral. Estos cambios suponen, por ejemplo, abolir el límite de un año para la extensión automática de los convenios (ultraactividad) y recuperar la prevalencia de los convenios colectivos sectoriales frente a los acuerdos a nivel de empresa.

Además, la Comisión Europea advirtió a España de que ligar la actualización de las pensiones a la inflación podría aumentar el gasto público y la desigualdad entre generaciones.

Salario mínimo y coste laborales

Con respecto a los últimos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI), el informe destaca que han aumentado los costes laborales, especialmente en algunos sectores y regiones, aunque todavía no han sido cuantificados sus efectos.

En este sentido, el informe destaca que el crecimiento del empleo se ha ralentizado tras la subida del SMI un 22% en enero de 2019, pero reconoce que "es difícil analizar en este momento la parte que puede ser atribuida al incremento del salario mínimo".

No obstante, añade a continuación que los datos de afiliación de la Seguridad Social "indican que es probable que el empleo se haya visto afectado algunos grupos de sectores específicos", como los trabajadores domésticos o en agricultura.

A nivel más general, el Ejecutivo comunitario destaca que el desempleo "sigue siendo muy alto" y el país tiene la segunda tasa de paro más alta del bloque a pesar de que haya caído "rápidamente" en los últimos años.

Bruselas pone un énfasis especial en las tasas de paro de larga duración y entre los jóvenes, así como en la proporción de contratos temporales (del 26,1% en el tercer trimestre de 2019), que no se ha reducido en los últimos tres años y que tiene "un impacto negativo en el crecimiento potencial, la productividad y la cohesión social".

En esta línea, el informe que, a pesar de "cierta mejora" en las políticas laborales españolas, su efectividad sigue siendo "moderada" y "persiste la segmentación" en el mercado laboral. Y resalta que el uso de contratos temporales en el sector público incluso creció el año pasado "pese a la promesa de reducirlo".

Por otro lado, Bruselas critica los progresos "limitados" para aumentar el apoyo a las familias y mejorar la asistencia social, así como que el incremento de 2019 de las prestaciones por hijo a de familias sin recursos "sólo puede tener un impacto muy limitado" en la reducción de la pobreza.ç

Finalmente, la Comisión apunta a la "fragmentación" que existen en los programas de empleo nacionales y la escasa cobertura de los esquemas de rentas mínimas en muchas regiones.

Las advertencias se recogen en el informe anual del Ejecutivo comunitario sobre la economía española, un extenso documento que pasa revista a la situación fiscal y laboral, así como a los progresos hechos en las reformas que recomendó Bruselas el año pasado.La CE señala que España, pese a acumular seis años de crecimiento del PIB y del empleo, sigue registrando "vulnerabilidades estructurales" ligadas al alto nivel de la deuda pública y privada, la todavía elevada tasa de paro y la baja productividad.Por el lado fiscal, Bruselas destaca que la deuda pública solo cae lentamente y sigue en niveles muy altos, del 96 % del PIB al cierre de 2019, pese a la buena coyuntura y los bajos costes de financiación de los últimos años. La privada, por su parte, se sitúa en el 132 % del PIB.El déficit público se mantiene "tozudo" en cotas elevadas y solo bajará del 2,3 % del PIB en 2019 al 2,1 % este año, apunta el informe.A la vista de estos datos, Bruselas considera que existen riesgos "importantes" a medio y largo plazo para la sostenibilidad del sistema fiscal español y apunta, en concreto, a los cambios en el sistema de pensiones introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez.Para el Ejecutivo comunitario, vincular permanentemente las pensiones al índice de precios al consumo (IPC) y desvincular el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida "aumentaría de forma importante el gasto en pensiones a medio y largo plazo y empeoraría la equidad entre generaciones" si no se toman medidas compensatorias.En concreto, Bruselas calcula que vincular las pensiones a la inflación aumentará el gasto en un 4 % del PIB y que eliminar el factor de sostenibilidad supondría un incremento adicional del 0,7 % del PIB.La CE subraya, además, que estos cambios se producen en un contexto en el que la pobreza "afecta sobre todo a los jóvenes, incluidos los niños", mientras que la adecuación de las pensiones en el futuro estará por encima de la media de la UE.A juicio de la CE, si se revierten estos dos elementos de la reforma de las pensiones que aprobó en 2012 el Gobierno del PP "se corre el riesgo de beneficiar a los pensionistas de hoy a expensas de las futuras generaciones".El Ejecutivo comunitario advierte, además, sobre una posible reversión de la reforma laboral adoptada ese mismo año por el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), que a su juicio ha "sustentado la fuerte creación de empleo" durante la recuperación."Será importante que cualquier nueva medida solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se preserven los logros de las reformas pasadas", dice el informe.También en materia laboral, la CE señala que el incremento del salario mínimo, de un 22,3 % en 2019, "ha aumentado los costes laborales", y que se han anunciado nuevos incrementos hasta 2023, aunque aún no se ha cuantificado su efecto sobre el empleo y las tasas de pobreza.Bruselas vuelve a destacar que España es el país con un mayor número de contratos de trabajo temporal, un 26 % del total, y que el riesgo de pobreza y exclusión social "sigue siendo alto, en particular entre los niños".La CE, que se ha propuesto introducir una mayor perspectiva medioambiental en estos informes, señala que España es uno de los países más expuestos al cambio climático y, sin embargo, sus ingresos por tasas medioambientales "están entre los más bajos de la UE"."La adaptación al cambio climático, la prevención de riesgos y la resistencia ante desastres requiere inversiones", dice la CE.Sobre la base de este análisis, la CE concluye que España no ha hecho progresos para preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones ni reforzar su marco fiscal, como le recomendó el año pasado.Considera, no obstante, que sí avanzó en materia de eficiencia energética y en reforzar la capacidad de sus servicios de empleo y sociales.Los informes que la CE elabora para cada país de la UE se inscriben en su ciclo de vigilancia de los presupuestos comunitarios, pero sirven sobre todo como recordatorio a los Gobiernos de las tareas pendientes.En el caso de España, además, se ha elaborado sobre la base de unas cuentas prorrogadas, a falta de que el Gobierno remita el presupuesto de 2020. EFElpc/jug/jla(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)