La Comisión Europea exige a España una estrategia "creíble" de reducción de deuda y déficit públicos frente a los "limitados" esfuerzos realizados en materia de consolidación fiscal en los últimos años, en los que las reglas presupuestarias estuvieron congeladas pero que se volverán a aplicar ya esta primavera.
Este mensaje forma parte de un documento con fecha del 11 de marzo en el que el Ejecutivo comunitario analiza la evolución de las vulnerabilidades de la economía española que identificó en noviembre del pasado año, que son básicamente la deuda pública y privada, el desempleo, posición exterior y competitividad.
Las consideraciones sobre política fiscal son especialmente relevantes este año, en el que Bruselas volverá a abrir en junio expedientes por déficit o deuda excesivo y en el que los países tendrán que preparar sus presupuestos de 2025 con arreglo al nuevo marco fiscal, que entrará en vigor en mayo.
"Las actuaciones hacia una reducción decisiva del alto nivel de deuda pública y del déficit estructural han sido limitadas en el pasado reciente y es necesario un esfuerzo adicional de consolidación fiscal para lograr una posición presupuestaria sólida", subraya el texto.
Los servicios económicos de la Comisión apuntan que "para garantizar una reducción de la deuda en el medio y largo plazo será necesario reducir claramente el déficit estructural al tiempo que se abordan futuras presiones presupuestarias que se derivarán por el lado del gasto del envejecimiento de la población y de la sanidad y los cuidados a largo plazo".
"La implementación de una estrategia de consolidación creíble se añadiría y complementaría el conjunto de reformas previstas en el plan de recuperación tanto en el lado del gasto como de los ingresos, que se espera contribuyan a reducir la vulnerabilidad fiscal general en el medio plazo", añade el informe.
Bruselas señala que las mejoras con respecto a la deuda pública sobre el PIB serán más "limitadas" a partir de ahora y se estabilizará en el 106,5 % a partir de este año. Por su parte, las autoridades comunitarias prevén que el déficit, que cerró en un 3,2 % del PIB, se verá afectado en el futuro por la retirada de los impuestos sobre la banca y el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas.
Por el lado del gasto, el Ejecutivo comunitario celebra que España haya empezado a adoptar las recomendaciones sobre las revisiones de gasto de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y la nueva estrategia nacional de contrataciones pública que es "más eficiente y sostenible", pero vuelve a advertir de que vincular la actualización de las pensiones al IPC plantea "riesgos adicionales" aunque se contemplen "medidas específicas" para compensar su impacto.
Con respecto a la recaudación, Bruselas cree que hay "margen" para medidas "más ambiciosas" puesto que el aumento de los ingresos lo ve "temporal". En este ámbito cita, por ejemplo, una reducción de los productos con tipo reducido del IVA, ajustar las desgravaciones fiscales y aumentar la imposición medioambiental.
En este escenario, la Comisión Europea considera que los riesgos sobre la sostenibilidad de las cuentas españolas son bajos en el corto plazo, pero elevados en el medio plazo y medianos en el largo plazo.
Los principales riesgos de cara al futuro, según Bruselas, son la "desfavorable" posición presupuestaria de España y la "elevada" deuda, a los que se suman el posible efecto "amplificador" que puede tener el empeoramiento de las condiciones financieras de hogares y empresas.