El Constitucional anula la reforma del impuesto de sociedades de 2016

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la reforma del impuesto de sociedades implementada por el Gobierno del PP en 2016, al considerar que vulnera el deber de contribuir a los gastos públicos por modificar aspectos esenciales del tributo mediante un real decreto.

Esta declaración se suma a la anulación en 2020 del decreto ley que aumentaba los pagos fraccionados del impuesto de sociedades a las grandes empresas, medidas que se aprobaron en 2016 para incrementar la recaudación y poder reducir el déficit público.

Según ha informado este jueves el Constitucional, las modificaciones declaradas inconstitucionales son los topes a la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, la limitación de deducciones por doble imposición y la obligación de integrar en la base del impuesto los deterioros de valor de sus participaciones fiscalmente deducibles.

La nota remitida por el Constitucional aclara que, por seguridad jurídica, la sentencia no tiene efecto retroactivo salvo para liquidaciones ya impugnadas y pendientes de resolución, igual que hicieron con la plusvalía municipal, lo que dificulta medir su impacto económico.

La sentencia parte de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional respecto al real decreto 3/2016, que modificó varios puntos del impuesto de sociedades con el objetivo de eliminar deducciones y recaudar así 4.300 millones de euros más al año, según explicó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Constitucional explica que un decreto ley no puede alterar elementos esenciales de los tributos, algo que hace la norma de 2016 al afectar a la base imponible y la cuota del impuesto, unos cambios que el propio texto consideraba "de relevancia" y que además iban acompañados por previsiones de impacto recaudatorio.

Al introducir estos cambios por decreto ley, se vulneró el apartado 86.1 de la Constitución en el apartado que regula el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos.