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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes en el Senado que el Ejecutivo aprobará una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% para situarlo en 1.080 euros mensuales en 2023 --en catorce pagas--, tras llegar a un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO, en ausencia de CEOE.

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El presidente del Gobierno ha aprovechado su primera comparecencia del año en el Senado para hacer el anuncio. Esta nueva subida del SMI, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año. "Nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar", ha afirmado Sánchez ante la Cámara Alta.

El anuncio de Sánchez llegaba tras la reunión, hace escasas horas, de los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, respectivamente, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quienes habrían cerrado los últimos flecos de un acuerdo del que se ha desligado la CEOE.

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Los expertos que asesoran al Gobierno recomendaron elevar el SMI entre un 4,6% y un 8,2% para 2023, lo que situaría esta renta mínima en entre 1.046 y 1.082 euros al mes, frente a los 1.000 euros mensuales por catorce pagas actualmente en vigor.

La vicepresidenta segunda y ministra de trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró este martes el acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y señaló que es “un día muy importante para los trabajadores y trabajadoras”.

"Es un acuerdo de máxima importancia para el país", sostenía Unai Sordo (CCOO) en declaraciones a los medios, que ha cifrado en 2,5 millones los trabajadores que se verán beneficiados de la subida.

En la misma línea, Pepe Álvarez (UGT) ha valorado la subida del SMI, tras un "duro" proceso de negociación; y ha indicado que el alza permitirá que aquellos que cobran el salario mínimo puedan "mantener y mejorar" su poder adquisitivo.

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Sin embargo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya antes del anuncio de la subida se había mostrado descontento con la posición del Gobierno, al que ha acusado de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos.