El consejero de Educación se reúne con los sindicatos tras la huelga del 29 de octubre

El consejero de Educación, Emilio Viciana, ha convocado a los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT a una reunión este jueves 31 de octubre en la sede del Departamento.

Tras una jornada de huelga el pasado martes que tuvo un seguimiento del 70%, según sus promotores, y de un 18%, según la Consejería de Educación, y una manifestación que contó con la participación de 8.000 personas, los sindicatos afrontan la convocatoria "desesperanzados", ya que no disponen de orden del día ni han recibido un borrador de la oferta que les presentará el consejero.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, no ha querido pronunciarse sobre la ampliación de los presupuestos de Educación para el próximo año "sin conocer las partidas" porque "en los últimos años todas las ampliaciones han ido destinadas a la educación privada y concertada y no se han revertido los recortes que se produjeron en la enseñanza pública".

El presidente de ANPE-Madrid, Andrés Cebrián, ha celebrado la "buena noticia" del incremento de los presupuestos de Educación, a la espera de ver a qué se destina el aumento, y ha expresado su deseo de que la propuesta del consejero sirva para retomar la negociación.

"Mucho nos tememos que la subida presupuestaria anunciada a bombo y platillo no va a mejorar la situación de los docentes de la educación pública madrileña", ha dicho el presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel González, quien ha asegurado que si las reivindicaciones de los docentes no son atendidas serán "muy duros y firmes" en la respuesta.

Los sindicatos han rechazado la iniciativa de la Comunidad de Madrid de adaptar las instalaciones de veinticinco colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que incorporarán los cursos de primero y segundo de Secundaria a su oferta educativa desde el próximo año académico 2025-2026.

Estas actuaciones se realizarán con cargo a los 122 millones de euros para la construcción, reforma y ampliación de infraestructuras educativas públicas recogidos en el proyecto de ley de los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2025.

"Antes de adaptar nada y de iniciar los trámites tendrán que tener una norma porque, si no, estarán usando la vía de hecho, sin regulación y, desde luego, nosotros vamos a instar a que actúen los tribunales porque no se puede implantar nada sin una norma que ofrezca garantías jurídicas al profesorado, al alumnado y a las familias", ha subrayado Isabel Galvín.

La representante de CCOO quiere conocer el proyecto, el estudio que lleva a tomar esta decisión, la memoria de impacto, cómo van a adaptar los centros, cuál será la oferta, cómo serán las ratios y qué condiciones van a tener los profesores que impartan esas enseñanzas.

El presidente de CSIF Educación Madrid se ha mostrado en contra de esta medida porque "no tiene ninguna certificación pedagógica ni beneficio palpable para los alumnos" y va a suponer "un desastre para las plantillas".

"De nuevo, la Consejería de Educación está anunciando medidas que afectarán a las condiciones laborales del profesorado madrileño, sin contar ni con sus representantes legítimos ni con la negociación colectiva obligatoria en estos casos", ha dicho la secretaria general de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Teresa Jusdado, quien ha opinado que lanzar esta información el día antes de la reunión con el consejero supone "otra falta de respeto a los docentes, a sus representantes y a la educación madrileña".

Esta medida, a juicio de la representante de UGT, se va a aplicar para evitar la edificación de institutos de Secundaria en zonas de nuevas construcción, donde se vienen reclamando de forma urgente, por el incremento de la población y de las parejas jóvenes con hijos