El coste económico de los pactos del Gobierno con sus socios de investidura

El nuevo Gobierno de coalición PSOE-Sumar, ha comenzado este miércoles oficialmente su andadura con su primera reunión del Consejo de Ministros, tras el tradicional posado en la escalinata del edificio principal del Palacio de la Moncloa.

A lo largo de las últimas semanas, el PSOE ha ido cerrando una serie de acuerdos con otros partidos para hacer posible la formación de un nuevo Gobierno. Si bien todavía no se conocen en profundidad los contenidos de dichos acuerdos, sí han transcendido algunos pactos de carácter económico que repercutirán directamente en la economía nacional.

Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), los pactos dejan abiertas muchas cuestiones importantes, limitándose en ocasiones a abrir un proceso de negociación a cuyo avance se supedita la continuidad de la legislatura por parte de los partidos nacionalistas. La incertidumbre es, por tanto, muy grande y habrá que ver cómo evolucionan.

En su informe, advierten también de los riesgos que estos acuerdos suponen para el crecimiento económico, el empleo y la sostenibilidad de las cuentas públicas, por un lado, y con la cohesión social y territorial por el otro.

Indisciplina fiscal

Según Fedea, la condonación general y no condicionada de una parte de la deuda de las comunidades de régimen común contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que éstas ya sufren.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada ha calculado que la condonación de deuda autonómica anunciada por el Gobierno ascenderá a casi 88.000 millones de euros, de los que 16.400 millones corresponderían a Andalucía, 12.900 millones a Madrid y 9.750 millones a la Comunidad Valenciana –además de los 15.000 millones para Cataluña acordados por PSOE y ERC.

Incremento del gasto público

El acuerdo con Sumar escora el programa del próximo Gobierno claramente hacia la izquierda, apuntando a un significativo incremento del gasto público y de la presión fiscal.

A la fuerte presión al alza sobre el gasto que la reciente reforma de las pensiones ya generará en los próximos años, se suman ahora planes para mejorar numerosas prestaciones sociales e incrementar el gasto público en sanidad, educación, vivienda y otras áreas.

Fedea advierte que la condonación de deuda es “una pésima idea” si es “incondicionada”. Considera que “agravará los serios problemas de incentivos” que ya sufre el actual sistema de financiación autonómica y “tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las comunidades de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas”.

Deriva confederal

Fedea advierte de la economía nacional podría verse comprometida "en alguna medida por los compromisos adquiridos con los partidos nacionalistas vascos y catalanes, cuyos objetivos centrales es el de mejorar la posición de sus respectivas comunidades”, reduciendo la aportación de sus ciudadanos a la caja común.

El ejemplo más extremo de esta aspiración es la exigencia de Junts de que se ceda a Cataluña el 100% de los tributos estatales recaudados en su territorio, señala, y alerta de que las concesiones a Cataluña en materia económica se traducirían en una menor aportación de la comunidad a la caja común y, por tanto, dada su posición de partida, en una financiación privilegiada en alguna medida.

Cabe destacar también que esta reivindicación de mejoras de financiación se extiende también al País Vasco, comunidad que ya goza de un régimen especial, el llamado concierto económico, que le supone una financiación mayor que a cualquier otra comunidad.”

Existe el riesgo, además, de que tales concesiones marquen el comienzo de una deriva confederal que iría reduciendo gradualmente los márgenes para la nivelación interterritorial y, con ella, para la redistribución personal más allá del ámbito interno de cada comunidad. Este proceso comportaría un gradual debilitamiento del Estado, que podría llegar a verse privado de los recursos y herramientas necesarios para ejercer sus funciones básicas.

Desequilibrio fiscal

Algunas de las medidas anunciadas, tanto de ingreso como de gasto, plantean serias dudas y parece improbable que todo lo propuesto pueda hacerse sin desequilibrar aún más las cuentas públicas, en contra de lo que nos exigirá la Unión Europea tras la reactivación de las reglas fiscales, o sin fuertes subidas de impuestos para todos (y no sólo “los ricos”).

Es difícil no compartir en términos generales los objetivos de mejorar la protección de los que más lo necesitan, reforzar los sistemas sanitario y educativo y facilitar el acceso a la vivienda a precios asequibles, pero el nuevo Gobierno y sus aliados parecen olvidar que tales subidas también tienen un coste en términos de menor renta disponible y bienestar para amplios segmentos de la población y podrían tener efectos adversos para todos a través de su incidencia sobre el crecimiento económico y el empleo.

Aumento de los costes de las empresas y desempleo

Otro aspecto destacado del acuerdo de coalición que también resulta muy discutible es su capítulo laboral.

Aquí se incluye la reducción por ley de la jornada de trabajo sin ajustar proporcionalmente los salarios, la subida del SMI hasta el 60% del salario medio y el endurecimiento de las condiciones de despido y descuelgue.

Estas actuaciones tienden a aumentar los costes unitarios de las empresas y a reducir su flexibilidad interna, rompiendo así un aspecto importante del acuerdo alcanzado en su día en torno a la reciente reforma laboral.

Todo ello, a su vez, puede comprometer la competitividad de las empresas y su capacidad de adaptación ante shocks adversos, con efectos negativos sobre el empleo.

Fedea ha asegurado que España tiene una jornada laboral que corresponde a la productividad del país, por lo que ha criticado que se hable de converger con países de la Unión Europea en esta materia cuando la productividad de España no alcanza a la de los países de su entorno.

Asimismo, desde Fedea han indicado que las prioridades del mercado laboral español deberían ir encaminadas a disminuir las "altas tasas de paro" y converger hacia trabajos menos precarizados, y han lamentado la falta de medidas en la agenda laboral dirigidas a aumentar el crecimiento de la economía y la creación de empleo.