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El déficit público cerró el primer trimestre en 2.768 millones de euros, un 49,1 % menos que en el mismo periodo de 2022 y equivalente al 0,2% del PIB, una corrección que ha sido posible gracias a la buena marcha de la recaudación tributaria y a los nuevos gravámenes sobre banca y energéticas.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles los datos de ejecución presupuestaria de los tres primeros meses del año, un periodo en el que el conjunto de las administraciones públicas -salvo las locales- incrementaron en un 9,3% sus ingresos, mientras que los gastos crecieron un 6,8%.

El avance de los ingresos estuvo impulsado por la recaudación tributaria, que creció un 6,8 % en el trimestre, así como al avance de las cotizaciones sociales (7,4%) y las transferencias entre administraciones públicas (9,2 %).

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En los tres primeros meses del año, la administración central logró un superávit de 858 millones de euros (0,06 % del PIB), frente al déficit del pasado año, gracias a los nuevos gravámenes sobre banca y energéticas -cuyo primer abono, que equivale a la mitad del pago anual, se contabilizó en marzo-, el nuevo impuesto al plástico y la buena marcha de la recaudación de IVA e IRPF.

En cambio, las comunidades autónomas anotaron un déficit de 2.186 millones (0,16 % del PIB), frente al superávit de 2022, una comparación que se ve afectada la transferencia de más de 3.000 millones del Estado a las regiones el pasado ejercicio para compensar el cambio del sistema de IVA.

Solo tres comunidades autónomas cerraron marzo con superávit: Asturias (0,27 % de su PIB), País Vasco (0,16 %) y La Rioja (0,04 %).

Por lo que respecta a los fondos de la Seguridad Social, registraron un déficit de 1.440 millones (0,1 % del PIB), un 18,1 % más.

EL DÉFICIT DEL ESTADO BAJA UN 76,5 % HASTA ABRIL

Hacienda también ha publicado los datos de ejecución presupuestaria del Estado hasta abril, un periodo que cerró con un déficit de 1.660 millones de euros, un 76,5 % menos que en 2022 y equivalente al 0,12 % del PIB.

Esta corrección ha sido posible gracias al fuerte crecimiento de los ingresos (80.851 millones, un 10,7 % más), muy superior al experimentado por los gastos (82.511 millones, un 3 % más).

El repunte de los ingresos se debe, además de al primer pago de los gravamenes sobre banca y energéticas, al nuevo impuesto sobre envases de plástico no reutilizables y al aumento del 17,4 % de la recaudación por impuesto de sociedades, que se ha visto impulsada tanto por los mayores beneficios como por la normativa que limita la compensación de bases imponibles negativas de los grupos.

Contribuyen también el aumento de la recaudación por IRPF (del 7,5 %) e IVA (2,2 %), así como los mayores ingresos por dividendos del Banco de España y Loterías del Estado.

Por lo que respecta al aumento de los gastos, está relacionado con las mayores transferencias entre administraciones públicas (crecen un 5,1 %); con el aumento del gasto en consumos intermedios (del 14,9 %), principalmente por el coste de los procesos electorales, y la remuneración de asalariados, que crece un 4,8 % por el incremento salarial.