Fedea y economistas piden quitar el control de precios de alquiler y retomar la Ley de Suelo

Fedea y los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) ven necesario modificar con urgencia la Ley de Vivienda retirando las medidas de control de precios y racionalizando la estructura tributaria que pesa sobre la misma, y piden un acuerdo para que se retome la Ley del Suelo.

En el marco de una jornada celebrada este martes, consideran que se debe repensar la regulación de los alquileres turísticos y su fiscalidad, y coinciden en que existe un problema de oferta que la nueva Ley de Vivienda no solo no ha ayudado a mitigar, sino que la ha incrementado al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para la venta o alquiler.

Asimismo, subrayan que la Ley de Vivienda fue aprobada sin debate y sin consenso y que carga las medidas sobre los operadores privados, que tienden a abandonar el mercado reduciendo la oferta y aumentando los precios, mientras que los que continúan seleccionan con más cuidado a los inquilinos, lo que hace que las familias vulnerables tengan muchas dificultades para encontrar una casa.

Por ello, demandan una política de vivienda a largo plazo, recuperar el régimen de libertad contractual de 1985 por el Decreto Boyer en cuanto a contratos de arrendamiento derogando las limitaciones de plazo, racionalizar la estructura tributaria, restaurar la seguridad jurídica y un sistema de ayudas para alquileres o acceso a una vivienda social para familias vulnerables.

Según el doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, Julián Salcedo, la Ley estuvo durmiente durante casi dos años y fue finalmente rescatada pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28M, exclusivamente, por razones de oportunismo político.Tratamiento fiscal "disparatado"

Por su parte, el profesor afiliado de la Barcelona School of Economics e investigador asociado de Fedea, Benito Arruñada, señala que el tratamiento fiscal de la vivienda es "disparatado", ya que se grava mucho la construcción mediante una serie de impuestos y cargas en cadena que generalmente permanecen ocultos al comprador último.