Fundación cree que la economía sumergida se ha estabilizado en un 20% del PIB
La Fundación de Estudios Financieros (FEF) cree que la economía sumergida en España se ha estabilizado desde 2010 en el entorno del 20 % del PIB y recomienda un mayor uso de los contratos de formación y de los llamados "minijobs" para erradicarla.
Según el documento de trabajo sobre la economía sumergida en España, difundido hoy por la FEF (dependiente de Analistas Financieros), los niveles que presenta este país son "inaceptables", sólo superados por Italia en la Unión Europea (el 21%), y muy por encima de las estimaciones de Alemania (13 %) Francia (10 %) o Reino Unido (10 %).
Según el informe, si España se aproximara a la media de los países más grandes de Europa la recaudación adicional sería entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año, ya que los analistas aseguran que es "irreal" hacer aflorar los 200.000 millones que representan ese 20% del PIB.
FRAUDE LABORAL
Del total de la economía sumergida en España el estudio concluye que en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral, lo que en términos de empleo equivaldría a al menos un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar.
El director de Análisis y Estudios de la FEF, Alfredo Jiménez, añade que un tercio de la economía sumergida proviene del fraude laboral y dos terceras partes del fraude fiscal.
En este sentido, entre las medidas preventivas laborales que proponen están las de implantar los "minijobs" -empleos de hasta 400 euros al mes por un máximo de 40 horas mensuales-, introducidos en Alemania en 2002 y que suponen nuevas categorías de trabajo regular que permiten a los que trabajan en la economía sumergida acceder a un empleo declarado, así como un mayor uso del contrato a tiempo parcial y de los de formación.
En el ámbito fiscal recomiendan simplificar las figuras impositivas, reducir los tipos marginales del IRPF, el Impuesto de Sociedades, eliminar deducciones y una armonización gradual de categorías de productos en el IVA.
El presidente de la FEF, Juan Carlos Ureta, ha incidido en que tipos marginales muy elevados y la complejidad impositiva promueven la economía irregular, mientras que una mayor presión fiscal no es un factor determinante para el fraude.
España, con una presión fiscal algo inferior a la del Reino Unido, presenta un tamaño de economía sumergida más elevado.
SE INCREMENTÓ CON LA CRISIS
Por otra parte, los analistas señalan que la economía sumergida en España se incrementó en 2008 con el inicio de la crisis económica y repuntó en 2009 para estabilizarse a partir de 2010 en el entorno del 20%, frente a la evolución a la baja que están registrando otros países de la Unión Europea.
Asimismo, el estudio indica que los sectores más regulados, como el eléctrico o los servicios financieros, tienen menores niveles de economía sumergida, por debajo de un 10%, frente a la construcción que alcanza casi un 35% o el comercio mayorista y la hostelería, que ronda el 20%.
Ureta ha aseverado que el Gobierno debe actuar "de forma decidida" en la lucha contra el fraude ya que la economía sumergida ofrece una imagen distorsionada de la verdadera situación económica de España.
"Tenemos más paro aparente, más déficit fiscal aparente y esto empeora la confianza exterior", ha dicho.
El director del Grupo Gomarq SL y analista de la FEF, Ramiro Martínez, también ha recalcado que en España existe un tejido empresarial muy pequeño (microempresas) "que no podría existir sin la economía sumergida, porque moriría".
Cree que la excesiva carga burocrática les impide acceder a la economía oficial, por lo que aboga por incentivar una nueva estructura empresarial que pueda crecer e internacionalizarse.
El informe de la FEF recoge diferentes estudios sobre el impacto en la recaudación que tendría la economía sumergida si aflorara al 100 % y conforme a los últimos cálculos elaborados por el analista F.Shneider en 2011 el potencial de recaudación en España estaría entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros.
Por su parte, el estudio "Closing the European Tax Gap" de 2012 lo estima en 72.700 millones de euros, lo que supondría repagar la deuda pública en 9 años.
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