La Generalitat deja de enviar al Gobierno los informes semanales sobre sus gastos hasta pasado el 1-O
El Gobierno adoptará nuevas medidas en el Consejo de Ministros de este viernes
Reconoce que la celebración del referéndum es incompatible con las medidas de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos
El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha enviado una carta al ministerio de Hacienda en la que informa de que la Generalitat dejará de enviar informes semanales sobre sus gastos y sólo hará el mensual, con lo que no remitirá ninguna información más hasta pasado el 1 de octubre. Según ha adelantado TV3 y han confirmado a Efe fuentes de la consellería de Economía, Junqueras ha remitido hoy mismo la carta al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
En ella, Junqueras señala que dejará de enviar los informes semanales al considerar que el requerimiento para remitirlos supone un "control político que no guarda relación alguna con los objetivos de estabilidad presupuestaria ni con las finalidades de la legislación estatal en esta materia".
En la misiva, el conseller asegura que Cataluña sigue comprometida en el objetivo de déficit establecido para las comunidades autónomas, por lo que continuará enviando los informes de gasto, aunque lo hará sólo con periodicidad mensual.
NO ENVIARÁ NUEVOS INFORMES HASTA PASADO EL 1-O
De esta manera, la Generalitat no enviará nuevos informes de gasto hasta pasado el día 1 de octubre, cuando el Govern prevé llevar a cabo un referéndum sobre la independencia de Cataluña, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno impuso a la Generalitat la necesidad de enviar estos informes para que ésta certificara por escrito que no destina partidas presupuestas al referéndum.
En la carta, Junqueras recuerda que el Parlament aprobó el 6 de septiembre la ley del referéndum, que establece un "régimen jurídico excepcional, destinado a regular y garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación" y que este régimen es "incompatible" con las medidas de control de gasto aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La Generalitat ha adoptado un nuevo acuerdo mediante el cual "se exime y dispensa" a los responsables de la Generalitat "de la remisión de la información requerida", indica la carta.
El vicepresidente expresa también la voluntad de la Generalitat de seguir apostando "por el diálogo y el ejercicio de la democracia como forma de resolver el debate sobre las relaciones políticas entre Cataluña y España". Además, afirma que "hasta el momento no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado sobre la celebración de un referéndum sobre el futuro político de Cataluña, pese a las reiteradas propuestas y peticiones formuladas por el gobierno de la Generalitat y el Parlament".
Al mismo tiempo, Junqueras señala que, pese al desacuerdo entre los dos gobiernos por la celebración del referéndum, comparte con el Ministerio de Hacienda "la necesidad de seguir colaborando en todos los aspectos que hacen referencia a la estabilidad presupuestaria de Cataluña y de España, de acuerdo con los compromisos con la Unión Europea en relación a la sostenibilidad y estabilidad de las finanzas públicas".
HACIENDA PROPONDRÁ NUEVAS MEDIDAS PARA SU APROBACIÓN EN EL CONSEJO DE MINISTROS
El Ministerio de Hacienda llevará un paquete de medidas al Consejo de Ministros con el fin de impedir que la Generalitat de Cataluña use dinero público para el referéndum del 1 de octubre que ha suspendido de manera cautelar el Tribunal Constitucional. Entre las actuaciones que puede llevar a cabo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de aplicar las medidas coercitivas que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y que, además, fue aprobada en el Parlamento con el voto favorable de CiU.
Hacienda puede aplicar los pasos siguientes que prevé esta Ley y que incluye numerosas medidas coercitivas, pudiendo llegar incluso a la aplicación de una versión reducida del artículo 155 de la Constitución, ya que el artículo 26 de la citada norma prevé una intervención aprobada por el Senado.
El artículo 25 de esta Ley es el que establece las primeras "medidas coercitivas" y entre ellas está la posibilidad de que Hacienda ordene la aprobación de un acuerdo de no disponibilidad de créditos y efectúe la correspondiente retención de éstos.
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