Oficina de la Agencia Tributaria |
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Las deudas con la Hacienda Pública inferiores a tres euros a 1 de marzo de 2019 quedarán anuladas y dadas de baja de contabilidad, según una resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Tributaria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la citada resolución, que entra en vigor el 14 de agosto, se acuerda la anulación y se dan de baja en contabilidad todas aquellas liquidaciones en las que el importe de deuda a recaudar sea inferior a tres euros.

Esto se debe a motivos "estrictamente económicos", ya que su cuantía resulta "insuficiente" para cubrir los costes derivados de la gestión de su recaudación.

Las cuantías pendientes no cubren los costes

Según la Intervención del Estado y la Agencia Tributaria, la finalidad no es otra que la de evitar actuaciones recaudatorias que presupongan un "nulo provecho" para la Hacienda Pública o para el cumplimiento de los fines encomendados a la Administración Pública.

"Costes superiores a los recursos que pudieran derivarse"

"Este es el caso de las liquidaciones cuya exacción genera unos costes superiores a los recursos que potencialmente pudieran derivarse de aquellas".

Por todo ello, desde el 14 de agosto se anulan y dan de baja las deudas de liquidaciones practicadas por la Agencia Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por un importe inferior a tres euros a 1 de marzo de 2019, así como las liquidaciones practicadas por órganos de la Administración General del Estado y organismos autónomos cuya gestión recaudatoria en periodo ejecutivo corresponda a la Agencia Tributaria.

Cesiones gratuitas a Ayuntamientos

Por otra parte, el BOE también ha publicado una resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado con una serie de cesiones gratuitas a varios Ayuntamientos acordadas a lo largo del primer semestre del año.

Entre estas cesiones, figura un tramo de camino al Ayuntamiento de Villar de Rena (Badajoz), un inmueble al Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), un solar al de Huetor Tajar (Granada), un inmueble al de Irún (Gipuzkoa), una parcela de 1.421 metros cuadrados al Ayuntamiento de Manzanilla (Huelva) o una finca rústica a la Junta Vecinal de Devesa de Curueño (León).

También se ceden 21 fincas catastrales al Ayuntamiento de Torremocha (Madrid), un inmueble al de Penagos (Cantabria), una finca urbana al de San Leonardo de Yagüe (Soria) y una parcela al Ayuntamiento de Ariza (Zaragoza).