La OCDE aboga por que los pensionistas de cierto nivel asuman las pérdidas por la crisis inflacionaria

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que en un momento de “presión” económica y fiscal, “puede ser justo” que pensionistas con ingresos de cierto nivel asuman menores beneficios.

En un análisis sobre la inflación y el desafío que representa para los sistemas de pensiones, el organismo considera que, en circunstancias normales, los salarios crecen más rápido que los precios por las ganancias de productividad, pero la crisis inflacionaria actual está provocando que los salarios caigan en términos reales mientras que los pensionistas están recibiendo una protección “favorable” por la actualización de sus prestaciones con los precios. Esto último, a su vez, está suponiendo un mayor coste de lo inicialmente previsto para los sistemas públicos o los proveedores de pensiones.

Dadas las pérdidas para los trabajadores, la OCDE considera que “puede ser justo” que los pensionistas con unos ingresos de cierto nivel “compartan parte del dolor” con la población en edad de trabajar, en términos de “ajustes" para una reducción de los beneficios.

El organismo internacional incide en que proteger a todos los pensionistas frente a la inflación probablemente sea “muy costoso”, y dependiendo del margen fiscal y las preferencias de cada país propone como alternativas a indexar las pensiones con los precios una combinación con un pago a tanto alzado, un ajuste completo para un cierto nivel de ingresos y un ajuste parcial. Mientras, defiende que “al menos” a los pensionistas vulnerables se les proteja completamente de la inflación.

Dos terceras partes de los países de la OCDE aplican principalmente los precios como referencia para actualizar las pensiones y aproximadamente la mitad indexa el pago obligatorio a la inflación o incluso por encima. España se encuadra en estos grupos de países.

Este mensaje sobre compartir el coste de la crisis ha sido defendido por el Banco de España en varias ocasiones, que ha pedido un pacto de rentas en el que estén los trabajadores, los pensionistas y los funcionarios. El Gobierno viene insistiendo en que los agentes sociales cierren un acuerdo al respecto.

Además, el Gobierno se encuentra negociando con los interlocutores sociales la segunda parte de la reforma de pensiones, tras culminar la primera en la que se acordó la actualización con los precios y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que contempla una subida temporal de las cotizaciones sociales para hacer frente al coste del retiro de la generación del ‘baby boom’.

Para esta segunda parte, el Ejecutivo ha propuesto aumentar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, pudiendo descartar los dos peores, y destopar las bases máximas de cotización y las pensiones más elevadas.