La reforma del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), conocida como tarifa regulada de electricidad, irá al próximo Consejo de Ministros para su aprobación y que pueda aplicarse a partir de 2024, según ha indicado este jueves la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Ribera, en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la III Cumbre de Autoconsumo y Comunidades Energéticas de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha señalado que la nueva PVPC reducirá la alta exposición de los consumidores acogidos a esta tarifa a la volatilidad del mercado diario.
Ha explicado que la reforma, que indexa parcialmente el PVPC a una cesta de precios de los mercados a plazo, está en línea con el trabajo que se ha hecho en el último año con el documento que salió a información pública y las recomendaciones de mejora que se recibieron de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Ribera ha señalado que habrá plazo para que todos los actores del sistema eléctrico puedan ir incorporando las novedades que supondrá la nueva PVPC.
En este sentido, ha dicho que el Ministerio quiere dar "hasta principio de 2024 para que todo el mundo pueda hacer las operaciones que corresponda" y que esa tarifa se pueda ofrecer sin problemas, de forma que consumidores y comercializadores se puedan ajustar a "esa nueva realidad, mucho más segura y mucho menos volátil".
Ha insistido en que la reforma del PVPC reducirá la volatilidad que se ha vivido en el precio de la electricidad y que se reflejaba en el mercado mayorista diario, a cuyo precio está actualmente directamente indexada la tarifa regulada.
Ribera ha dicho que aunque el Ministerio espera que no se vuelvan a repetir las turbulencias que azotaron a los mercados de la electricidad en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania, que perjudicó "enormemente" a los pequeños consumidores y las familias, el nuevo PVPC generará más estabilidad.
Teresa Ribera ha añadido que han creído conveniente que en un país como España, con poca interconexión con el resto del continente europeo, la tarifa regulada tuviera "algunos factores moduladores vinculados al precio de la electricidad a medio y largo plazo".
La reforma del PVPC para reducir su volatilidad fue uno de los compromisos que adquirió España cuando el año pasado se le aprobó, junto a Portugal, la "excepción ibérica", por la que se topa el precio del gas para generación de electricidad en el mercado mayorista eléctrico, a fin de que los precios no se dispararan tanto en un momento en que el precio del gas batía máximos.
La tarifa regulada o PVPC es necesaria para poder tener el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la electricidad para los consumidores calificados de vulnerables.
Con los altos precios que se alcanzaron en el mercado mayorista, el Gobierno amplió esos descuentos para paliar el fuerte incremento que sufrieron en las facturas por los elevadísimos precios que se alcanzaron ya en el verano de 2021 y que luego se vieron incrementados en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania.