Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,28%, según el nuevo índice de referencia publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023.
Este nuevo dato, correspondiente a diciembre de 2024, es 0,08 puntos superior al que el INE publicó, por primera vez, el pasado 2 de enero (correspondiente a noviembre) y que situaba la subida en el 2,2%.
La ley de vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y recoge que el INE será el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos con el objeto de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando al calor de la inflación.
Para dar cumplimiento a dicha ley, el INE definió este nuevo índice, denominado con las siglas IRAV, que sustituye al IPC como referencia principal para actualizar las rentas de alquiler de los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023.
Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los miles de caseros que tengan que revisar el alquiler de sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida, aunque también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor.
Un nuevo mecanismo
Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace casi dos años cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2% y para 2024 fijó este porcentaje en el %.
Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler han desaparecido, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica por segunda vez.
Si el propietario decide aplicar esta subida al inquilino tendrá que notificársela por escrito, respetando los plazos y condiciones recogidos en el contrato.
Para que propietarios e inquilinos puedan calcular fácilmente cómo se actualiza la renta del alquiler, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha habilitado una herramienta web para que arrendadores y arrendatarios conozcan cuál es el precio máximo que puede actualizarse la renta del alquiler en virtud del contrato de arrendamiento acordado.
La herramienta tiene en cuenta para calcular las actualizaciones el índice de precios de consumo (IPC) y el índice de referencia de arrendamientos de vivienda (IRAV).
Según el método de cálculo para la actualización de la renta que se recoja en el contrato de arrendamiento, ya sea el IPC o el nuevo índice de referencia, se podrá introducir la mensualidad actual del alquiler y la página web calculará el precio máximo al que puede actualizarse la renta.
Fomentar el alquiler asequible, la gran apuesta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un decálogo de medidas en materia de vivienda que contempla, entre otras, una nueva exención fiscal de hasta el 100 % en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los caseros que alquilen sus viviendas y se ajusten al nuevo índice de precios de referencia que publica el INE.
Además, se pondrá en marcha de un sistema de garantías públicas que proteja a propietarios e inquilinos que participen en el alquiler asequible y que asegurará al dueño de la vivienda el cobro de la renta y al inquilino una mayor oferta a precio asequible. Estará en funcionamiento este año y se empezará aplicando a los propietarios que alquilen a menores de 35 años.
El paquete de medidas del Ejecutivo abarca además un nuevo Perte para fomentar la industrialización de la vivienda que se localizará en Valencia; una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, incrementos fiscales para limitar la compra de viviendas de extranjeros extracomunitarios no residentes.
También se limitarán las ventajas fiscales de las socimis para que solo se apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible y se transferirán 30.000 viviendas de la Sareb a la nueva empresa pública de vivienda y suelo, a la que se han pasado 3.300 viviendas y 2 millones de m2 para construir miles de viviendas protegidas destinadas a alquiler asequible.
El Gobierno espera responsabilidad de los grupos políticos para sacar adelante las nuevas medidas anunciadas, muchas de las cuales tienen que pasar por el Congreso, y, aunque no oculta la complejidad y las diferencias ideológicas actuales, cree que es difícil oponerse a las propuestas.