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Se cumple un año de la aprobación de la ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez nacida para bajar los precios de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo esa norma ha provocado un efecto contrario: han subido los precios de las rentas en torno al 13%, se ha reducido la oferta en 50.000 pisos mientras se han multiplicado los alquileres temporales y de habitaciones. Además. los propietarios han aumentado las garantías para acceder a un alquiler.

La oferta ha mermado de forma considerable por la inseguridad jurídica que sienten los propietarios. Se calcula que hay un 30% menos de viviendas disponibles y que los alquileres turísticos y por habitaciones se han multiplicado por dos.

Personas que antes podían alquilar un piso ahora solo pueden pagar una habitación, y, de media, 30 personas compiten entre sí por cada alquiler disponible.

Los propietarios prefieren vender su piso o alquilarlo de forma temporal. Temen que con la nueva ley sea más difícil desalojar al inquilino que no paga.