Municipios españoles del siglo XXI con impuestos locales "del siglo XIX"

Los inspectores de hacienda pública local critican que los tributos municipales mantengan "un diseño del siglo XIX", basado en algunos casos en la reforma de 1845 aunque con otros nombres, y abogan por un análisis "global, valiente e imaginativo" que quizá dé lugar a un sistema tributario "completamente distinto".

El presidente y el vicepresidente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, Arturo José Delgado y Antonio Arenales, respectivamente, han participado este jueves en una sesión informativa organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la que han opinado que las haciendas locales son "las grades olvidadas en las propuestas de reforma fiscal".

Y ello, pese a que las entidades locales y, por tanto, los propios inspectores de hacienda pública local, trabajen con impuestos que pueden sumar entre 20.000 y 25.000 millones de euros de recaudación anual, más de 14.000 millones solo del impuesto de bienes inmuebles (IBI).

La privatización de la inspección fiscal

Durante el encuentro, Delgado ha señalado como "uno de los más graves problemas" la externalización en empresas privadas de la inspección tributaria municipal y, en consecuencia, de la lucha contra el fraude fiscal, a través de una "contratación presuntamente fraudulenta" por parte del ayuntamiento que disfrazan como "apoyo y asistencia" lo que en realidad es una "sustitución de la labor completa de inspección" pública.

"Esta práctica subsiste todavía, con el riesgo que supone dejar una base de datos muy importante en manos privadas"

Aunque hace años estas empresas estaban más extendidas y en ocasiones llegaron a cobrar comisiones "desproporcionadas", en algunos casos de cerca del 80 % del fraude detectado, esta práctica subsiste todavía, con el riesgo que supone dejar "una base de datos muy importante en manos privadas".

El 'agujero negro' de la plusvalía

Entre los que han denominado "agujeros negros en la inspección local", en relación a "posibles situaciones fraudulentas", han incluido también la modificación de la regulación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana -conocida como plusvalía municipal- tras la sentencia del Constitucional que anuló en octubre pasado el anterior sistema objetivo de cálculo.

"Una auténtica amnistía fiscal, entre comillas, para aquellos que habían defraudado entre 2018 a 2021, a los que no se puede cobrar el impuesto (de plusvalía) ni aún con la nueva normativa"

A juicio -"personal", ha precisado- de Delgado, la solución dada a la situación creada por esa sentencia ha dado lugar a "una auténtica amnistía fiscal, entre comillas, para aquellos que habían defraudado" entre 2018 a 2021, a los que no se puede cobrar el impuesto ni aún con la nueva normativa.

'Paraísos fiscales' cercanos

También han incluido en esos "agujeros negros" el "tema estrella de los paraísos fiscales" en que se han convertido determinados municipios que cobran tipos muy reducidos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), en algún caso localidades de pocos cientos de habitantes pero con "decenas de miles" de vehículos registrados por parte de empresas de alquiler y renting.

Para los responsables de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local, el problema es que la administración, "conociendo ese problema desde hace décadas", no cambia simplemente que el obligado al pago del impuesto sea el domicilio fiscal de la empresa y no "cualquier pequeña sucursal que puede ser fingida".