La consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín | EUROPA PRESS
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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha pedido que se retiren las medidas del real decreto de ahorro energético y que el Gobierno de Pedro Sánchez hable con los sectores afectados para consensuar un plan con recomendaciones en lugar de con imposiciones, si bien ha afirmado que la norma se aplicará en la región “nos guste o no”.

Este lunes tendrá lugar una reunión telemática de las ministras para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Teresa Ribera) e Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto) con los responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para analizar los detalles del plan de ahorro y "despejar dudas" sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor.

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El encuentro se iba a producir el martes con representantes con rango de director general, aunque finalmente la reunión se convocó para este lunes y a un mayor nivel que el "técnico", en este caso con las ministras y los consejeros autonómicos.

En una entrevista en RNE recogida por Efe, Paloma Martín ha señalado antes de dicha cita que en la Comunidad de Madrid “creemos que el plan debe estar orientado a bajar el precio y que las medidas han de ser recomendaciones para el sector privado, incentivadoras, y no pueden ser medidas impuestas, que es lo que se establece con este real decreto”.

“Son medidas que carecen del mínimo análisis sobre el impacto que van a tener sobre el comercio y el turismo, porque el ahorro que se va a producir con estas medidas es mínimo, pero el daño que van a provocar en el turismo, en la industria, en el comercio, va a ser extraordinario”, ha vaticinado.

Respecto a si la Comunidad de Madrid tiene medios para sancionar a quienes incumplan las medidas, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ha explicado que “todas las comunidades ya tenemos que garantizar a día de hoy el cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, y por lo tanto ya hay planes ordinarios de inspección”, y ha insistido en que su petición es que no se establezcan “medidas coercitivas”.

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“Bajo esa amenaza de las inspecciones al final se está coartando esa libertad de empresa”, ha subrayado, y más adelante ha abundado que “lo que pedimos es que se retire este real decreto, que se escuche a los sectores implicados, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que se atiendan las peculiaridades de cada municipio, y, sobre todo, que se mida el impacto económico sobre el comercio, el turismo, los espectáculos culturales”.

Además, ha apostillado que “la gravedad de la situación requiere que el presidente del Gobierno tome las riendas de esta crisis que ellos mismos han provocado”.

“Están los presidentes autonómicos trabajando, están todos los equipos y los Gobiernos de las comunidades autónomas trabajando y ofreciendo respuestas a los ciudadanos, y hay un presidente del Gobierno que está ausente, y nos preguntamos, ¿quién está al volante?, porque en la reunión de hoy nos vamos a encontrar con dos ministras que es difícil que desdigan lo que ya ha aprobado el Consejo de Ministros”, ha comentado Martín.

Con todo, la consejera ha manifestado que “en un estado de derecho la norma está para cumplirse, y como no puede ser de otra manera la norma se aplicará en la Comunidad de Madrid nos guste o no, a diferencia de la izquierda que aplica la norma o indulta a condenados, nosotros siempre estaremos al lado de la ley”.

“Lo que pasa -ha añadido a continuación- es que defenderemos los intereses de los comerciantes, de la pequeña y mediana empresa, de la industria, de todos los que ven que este real decreto va a suponer un mazazo más a su actividad económica”.