Patronanal y sindicatos han suscrito esta tarde el preacuerdo alcanzado este martes para evitar que el próximo 8 de julio se queden sin efecto los convenios que en esa fecha lleven negociándose un año y que no hayan podido ser renovados.
La reforma laboral vigente estableció que la prórroga automática -la denominada "ultraactividad"- de los convenios denunciados vencería al cabo de un año, es decir el próximo 8 de julio.
En ese caso, el convenio pasaría a tener como referente uno superior (el sectorial o el estatal) y si no lo hubiese el suelo sería el Estatuto de los trabajadores.
Sindicatos y empresarios se han reunido esta tarde en la Comisión de seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (2012-2014). Tras la reunión de la comisión, que ha durado una hora, sólo han comparecido ante la prensa los secretarios de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, y de UGT, Toni Ferrer.
CCOO y UGT han considerado "bueno" y de "gran relevancia" el acuerdo que han firmado hoy con las patronales CEOE y CEPYME para evitar que se queden sin efecto los convenios prorrogados y han destacado que es obligatorio para las partes y que es fruto de la movilización sindical.
Sin embargo, CEOE y CEPYME han divulgado una nota antes de la reunión en la que consideran que el acuerdo establece "criterios orientadores". Preguntados por este asunto, Ferrer ha respondido que el acuerdo es de "obligado cumplimiento" para los sindicatos y las patronales firmantes. Según Ferrer, su incumplimiento podría conllevar obligaciones jurídicas.
El dirigente de UGT ha destacado que el pacto firmado no es "fortuito ni casual" y que es consecuencia del proceso de movilización contra la limitación a la ultraactividad que fija la reforma laboral. En esta línea Górriz ha afirmado que la movilización está "dando sus frutos" y ha puesto como ejemplo lo acordado hoy, que ha calificado como "enmienda a la reforma laboral".
1.470 CONVENIOS PODRIAN DECAER
De acuerdo con Górriz, los convenios que podrían decaer serían unos 1.470, que regulan las condiciones laborales de 2,8 millones de trabajadores.
Las partes han acordado que todas las semanas intercambiarán información de cómo se van desbloqueando los convenios pendientes.
La negociación de este acuerdo comenzó el pasado 5 de abril y han sido necesarias seis reuniones para cerrarlo.
Consta de ocho puntos en los que se afirma que la renovación y actualización de los convenios sirve para la competitividad de las empresas y la estabilidad de sus plantillas.
El pacto alcanzado establece que las partes podrán convenir antes del 8 de julio ampliar el periodo de negociaciones hasta que se pacte un convenio nuevo o marcarse un periodo máximo de 'ultraactividad' que puede ser de meses o de años, según las fuentes consultadas.
Si no hubiese acuerdo antes de cumplirse este nuevo plazo o si antes una de las partes considera bloqueadas las negociaciones, se recurrirá a una mediación obligatoria --una intercesión para lograr un acuerdo-- o se podrá acordar recurrir a un arbitraje voluntario, en cuyo caso se producirá un laudo vinculante.
Estas fuentes inciden así en que la posibilidad de que decaiga un convenio colectivo dependerá de en qué términos esté redactado y si cuenta o no con una cláusula para garantizar la prórroga de la 'ultracctividad' hasta que haya un nuevo convenio.
El preacuerdo al que han llegado sindicatos y patronales deberá ser aprobado por sus respectivos órganos de dirección.
EVITAR UN VACÍO
La reforma laboral estableció que la 'ultraactividad' o prórroga automática de los convenios vencería al cabo de un año (8 de julio) para los convenios denunciados.
Esta circunstancia abría la puerta a que millones de trabajadores perdieran los avances logrados en materia de salarios, jornadas o libranzas, ya que en ausencia del convenio de empresa, se acogerían al de ámbito superior, y, de no haberlo, al Estatuto de los Trabajadores, en el que se recogen los derechos mínimos de los empleados.
Ni sindicatos ni patronales querían que se montara un lío a costa del fin de la 'ultraactividad'. Abrieron negociaciones y durante unas semanas han estado discutiendo cómo solucionar este problema.
La propuesta sindical era la de mantener la prórroga de los convenios durante el tiempo que duraran las negociaciones y recurrir al arbitraje en los casos en los que no fuera posible un acuerdo para evitar su judicialización.
