El Tribunal Superior británico ha concedido al grupo inversor francés en energías renovables Antin una orden provisional de embargo del Instituto Español en Londres por el impago por parte del Gobierno de España de un laudo arbitral valorado en 120 millones de euros.
En un dictamen difundido hoy, el juez Gary Thornett autoriza a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- a apoderarse de los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en un antiguo convento de dominicos en el barrio londinense de Notting Hill.
Fuentes cercanas a los inversores han confirmado a EFE que la orden de embargo no se ejecutará inmediatamente, a falta de que se ratifique en un próximo juicio en una fecha por determinar.
Por otra parte, el Gobierno español tiene un periodo de dos meses para pedir la anulación de esta orden cautelar de cobro, tal como se precisa en el documento judicial fechado el 2 de agosto.
Los titulares de Antin, inmersos en un proceso judicial contra España en el Reino Unido y otros países, han recurrido a esta orden provisional de embargo para forzar al Ejecutivo de Madrid a cumplir el laudo emitido en 2018 por el CIADI, organismo asociado al Banco Mundial (BM) en Washington.
Ese laudo, registrado también en Inglaterra, obliga al Gobierno a abonarles 120 millones de euros más intereses por las pérdidas sufridas cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable.