Sacyr confirma la ruptura de negociaciones con la autoridad del Canal de Panamá

El consorcio internacional de empresas Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr, ha expresado su voluntad de encontrar una solución de financiación que permita terminar el proyecto y las obras de ampliación del Canal de Panamá en 2015, a pesar de la ruptura de las negociaciones por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", indicó el consorcio en un comunicado remitido por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la aseguradora Zurich estima que el proyecto se retrasará entre tres y cinco años si no hay acuerdo.

El grupo de empresas señaló que, "sin una solución inmediata", Panamá y ACP se enfrentarían a la posibilidad de años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso.

En este sentido, el consorcio compuesto por Sacyr (España), Salini - Impregilo (Italia), Jan De Nul (Bélgica) y Constructora Urbana (Panamá) destacó que ya ha terminado más de 70% del proyecto del tercer juego de esclusas a pesar de las dificultades y pérdidas financieras y subrayó que ha estado haciendo propuestas y respondiendo a propuestas de la ACP "de manera continua y casi diaria".

"GUPC continuó haciendo esfuerzos ayer tras mandar a la ACP la última propuesta para alcanzar un acuerdo y permitir que se complete el proyecto de la expansión en el menor tiempo posible", indicó el consorcio, que en ninguna parte de su extenso comunicado (siete folios) precisa si paralizará o no las obras ante la ruptura da las negociaciones.

GUPC asegura que en su última propuesta incluyó una carta al administrador de la ACP, Jorge Quijano, en la que le invitaba a abandonar su posición "injustificadamente rígida" y a abonar una factura pendiente de 50 millones de dólares (37 millones de euros) para pagar a subcontratistas y trabajadores "y cubrir así las nóminas de esta semana".

SE NECESITAN 1.184 MILLONES DE EUROS

El consorcio cifra la financiación necesaria adicional para terminar las obras en 1.600 millones de dólares (casi 1.184 millones de euros), una "carga de tal magnitud" que, según dice, "ningún contratista o empresa privada puede soportar por sí misma".

"Las empresas que componen GUPC son empresas de construcción, no bancos. Es injusto e imposible para ACP y Panamá esperar que las empresas privadas financien por sí mismas 1.600 millones de dólares en costes en un proyecto que debería ser financiado en su totalidad por la ACP", alega el consorcio.En todo caso, GUPC ha recordado que la propuesta que hizo a la Autoridad del Canal pasa por compartir al 50% la carga de la financiación necesaria hasta la finalización del proyecto.

En concreto, en virtud de esta propuesta, las aportaciones del consorcio sumarían unos 800 millones de dólares (591,5 millones de euros), mientras que las de la ACP serían de 100 millones de dólares (73,9 millones de euros) y una moratoria de devolución de 785 millones de dólares (580,5 millones de euros) en pagos anticipados realizados bajo el contrato.

En su comunicado, el consorcio no advierte únicamente de los riesgos económicos que conllevaría la falta de acuerdo, sino también de la imagen que se daría. "El fracaso de un proyecto estratégico para la economía de Panamá y el mundo dejará una sombra permanente sobre el proyecto de expansión del Canal de Panamá en los libros de historia", subraya.

"Un acuerdo entre ACP y GUPC ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia con el menor impacto sobre los trabajadores y sus familias, subcontratistas, proveedores y todos los afectados por el abandono de las negociación", por lo que invita a la Autoridad del Canal colaborar en la búsqueda de una solución.

EL CANAL DE PANAMÁ EXIGE AL CONSORCIO REANUDAR LAS OBRAS

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dijo hoy que la "posición inflexible" del consorcio de constructores GUPC impidió lograr un acuerdo financiero para reflotar la ampliación de la vía, y exigió al contratista respetar el contrato y "reanudar" de inmediato las obras, suspendidas ya por completo.

"Nosotros no nos retiramos de la mesa", dijo el administrador de la ACP, Jorge Quijano, que no descartó que pese al fin del plazo de las negociaciones, la medianoche de ayer, aún se pueda alcanzar un acuerdo con el GUPC, aunque alertó de que la "ventana" para ello "se cierra" minuto a minuto.

La ACP inicia ahora un proceso de análisis para decidir los pasos a seguir, que pueden incluir rescindir el contrato porque "no le tiene ningún miedo a lo que le falta (para terminar) la obra", y tiene capacidad financiera y técnica para asumirla y concluirla en 2015, añadió Quijano en rueda de prensa.

Quijano dijo que, aunque ha habido una clara "perdida de confianza" en el contratista, la ACP está abierta al diálogo.

"Siempre hay posibilidades de acuerdo, lo que nosotros no vamos a permitir es que esta obra se detenga por un período excesivo, tomaremos las acciones necesarias en el momento adecuado (...) vamos a observar todos los pasos legales para asegurarnos que nuestras decisiones son correctas y están dentro del contrato", sostuvo.

Una de las opciones que maneja la ACP es asumir los trabajos y "hay empresas que han pasado a ver en qué estado están las obras" porque tienen interés en ellas, dijo.

PASTOR PIDE "RESPONSABILIDAD" YA QUE "LO PEOR" SERÍA QUE LA OBRA NO SIGUIERA

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha reclamado "responsabilidad" a las partes en torno a la ampliación del Canal de Panamá y ha advertido de que "lo peor sería que la obra no continuara".

"Apelo una vez más a la responsabilidad de las partes porque creo que lo peor sería que la obra no continuara", ha reiterado la ministra preguntada por los periodistas, tras presenciar el final de la perforación de uno de los túneles del tren AVE entre Alicante y Murcia, a su paso por el término de Callosa de Segura.

En todo caso, ha sostenido que en este conflicto no se pone en duda la calidad de la ingeniería civil española, "que a día de hoy sigue siendo impoluta", sino que se trata "de un problema financiero que tienen que resolver las partes".