El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado este jueves, en declaraciones a los medios en el Pleno del Congreso, que el recibo de la luz subirá a partir del 1 de abril, aunque ha asegurado que "se equivoca radicalmente" quien piense que todo recaerá "en la espalda de los consumidores" porque el Ministerio prepara ya un "mix" de recortes de gastos y subida tarifaria.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo en la que se da la razón a las eléctricas que denunciaron al Gobierno por no subir su tramo del recibo de la luz.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha reconocido hoy que la decisión del Tribunal Supremo obliga al Gobierno a elevar la parte regulada del recibo de la luz y que lo "previsible" es que a partir del 1 de abril "haya un incremento en la tarifa eléctrica". En declaraciones hechas en el Congreso de los Diputados, Soria ha añadido que "se equivocará" quien piense que todo va a ser a cuenta del consumidor y ha apuntado a una reducción de los costes regulados que se retribuyen con la tarifa.
La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre y a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, está formada por dos componentes: los peajes que retribuyen las costes regulados del sector y que fija el Gobierno, y el precio de la energía que resulta de una subasta denominada Cesur.
Cada uno de estos componentes supone la mitad de la factura. En enero, la variación al alza en los peajes se compensó con la caída del coste de la energía y supuso la congelación en la tarifa que pagan los consumidores acogidos a la TUR, una práctica que el Supremo ha cuestionado.
"En este momento el ministerio está trabajando en un mix de disminución de costes y aumento de los ingresos para cumplir el auto del Supremo y para no hacer recaer el cumplimiento en su totalidad sobre los consumidores", ha explicado Soria.
Ayer se conoció una sentencia del Tribunal Supremo por la que se obliga al Gobierno a compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado porque en enero no se incrementaron de forma suficiente los peajes.
No elevar en la cuantía suficiente los peajes ha sido una de las causas que han engrosado el déficit de tarifa, que ya supera los 24.000 millones de euros y que el Gobierno señala como el principal problema del sector. En este sentido, Soria ha subrayado que con los costes e ingresos establecidos hasta ahora no se han podido cumplir con los objetivos de déficit fijados por ley para el sector eléctrico: 3.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012.
El ministro ha reiterado que las soluciones para acabar con este desfase, generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes, no van a recaer solo en los consumidores y que se trabaja en un conjunto de medidas para todo el sector.
LOS CONSUMIDORES PIDEN MÁS TRASNPARENCIA Y SEGURIDAD EN LAS TARIFAS DE LA LUZ
Las principales organizaciones de consumidores han criticado la necesidad de volver a incrementar la tarifa eléctrica y han pedido al Gobierno más transparencia en el proceso de fijación de tarifas y una norma que garantice su capacidad de defender al consumidor. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) han destacado que el precio de la luz acumula un aumento de tarifas de más del 50 por ciento en los últimos años.
Así, la OCU ha subrayado por medio de un comunicado que subiendo la luz "no se sale de la crisis", especialmente en un momento en que los usuarios "no tienen la culpa" del déficit tarifario y "lo tienen crudo para asumir un nuevo tarifazo". Para la OCU, "la culpa es de una nefasta regulación que durante la última década ha generado más de 23.000 millones de euros de déficit, una losa que amenaza la sostenibilidad de un sistema perverso que reparte deudas para los usuarios y beneficios para las eléctricas".
Para el presidente estatal de CECU, Fernando Moner, la principal preocupación es la "absoluta falta de transparencia" en el sistema de fijación de precios. Moner ha subrayado la importancia de contar con un sistema tarifario "claro y transparente" que no resulte en una "acumulación de desinformación y oscurantismo".
De la misma opinión es el responsable de Asuntos Económicos y Energía de CEACCU, Fernando López Romano, quien ha explicado que el Gobierno debe articular una norma que regule su "verdadera capacidad" de establecer la parte regulada de la tarifa.
La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), que se revisa cada trimestre y a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, está formada por dos componentes: los peajes que retribuyen los costes regulados del sector y que fija el Gobierno, y el precio de la energía que resulta de una subasta denominada Cesur.
Ayer se conoció una sentencia del Tribunal Supremo por la que se obliga al Gobierno a compensar el desajuste de unos 1.000 millones de euros generado porque en enero no se incrementaron de forma suficiente los peajes.
En consecuencia, el Ejecutivo ha anunciado que la tarifa eléctrica subirá en torno a un 5 o 6 por ciento a primeros de abril.
"Si resulta que la norma no permite al Gobierno fijar su parte de la tarifa para defender a los consumidores, se debe cambiar la norma", ha planteado López Romano. "Lo que no tiene sentido es que la Justicia eche por tierra la decisión del Gobierno, porque eso supone que no es una tarifa regulada; que el Ejecutivo tiene capacidad de regular para subir los precios pero no para bajarlos", ha argumentado.
