Varias autonomías celebran revisar la financiación y Cataluña quiere bilateralidad

Varias comunidades autónomas han recibido este viernes de manera satisfactoria la decisión del Gobierno de comenzar el proceso de revisión del actual sistema de financiación, como han reclamado la mayoría de Ejecutivos regionales, en tanto que Cataluña ha mostrado su cautela y quiere negociarlo de manera bilateral.

Tres años después de la aprobación del actual sistema, la mayoría de autonomías han reclamado un nuevo modelo de financiación al estar insatisfechas por la aplicación del actual, aunque sus objetivos no coinciden y no todas lo han hecho con la misma intensidad.

En la Conferencia de Presidentes del pasado octubre, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y los líderes territoriales acordaron analizar esta posible revisión del sistema en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el máximo órgano de relación económica entre el Gobierno y las autonomías.

El Ejecutivo ya ha encargado los estudios preliminares para la reforma de la financiación autonómica con el objetivo de que en 2013 esté, como mínimo, planteada la posible modificación del modelo en vigor.

Cree el Gobierno que hay que trabajar ya en profundidad este año para que pueda aprobarse en la recta final de la actual legislatura y esta reforma ya ha sido ofrecida por Rajoy a los presidentes autonómicos y, de forma especial, al catalán, Artur Mas.

Precisamente, el Gobierno catalán ha mostrado su cautela ante este proceso y, según han subrayado a Efe fuentes de la Consellería de Economía, su intención es "estudiar" esta revisión en los organismos bilaterales entre ambas administraciones.

El Ejecutivo catalán ha remarcado que estará muy atento a cómo evoluciona este asunto y ha recordado que esta reforma tocaba ya legalmente.

El inicio de los trabajos sí ha sido recibido como una "buena noticia" por parte del Gobierno de Murcia, cuyo presidente, Ramón Luis Valcárcel, ya pidió a Rajoy en una reunión en el Palacio de La Moncloa un cambio en la financiación.

Para Murcia, esta revisión debe pasar por "atender al aumento de la población", según fuentes del Gobierno autonómico.

También ha calificado de positiva la intención del Gobierno central el vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Císcar, quien entiende que el actual sistema "perjudica bastante" a su comunidad.

Císcar ha destacado que en la pasada Conferencia de Presidentes el presidente valenciano, Alberto Fabra, incidió en la necesidad de que, en la declaración conjunta, se hiciera mención a la conveniencia de revisar esta ley.

"No queremos ser más que nadie pero tampoco menos y queremos estar en la media nacional en el sistema de financiación", ha apostillado el vicepresidente, que ha recordado que este cambio lo han reivindicado siempre y lo seguirán haciendo "con total firmeza".

Desde Castilla y León también se ha valorado el anuncio del Gobierno porque consideran que el modelo de 2009 "no es bueno" y no asegura la "financiación suficiente par los servicios fundamentales".

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha sostenido que la "reforma es necesaria" y debe "basarse" en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal.

Ha rememorado Del Olmo que los cambios del modelo de financiación "siempre han sido muy complejos" y este no lo será menos con planteamientos como el de Cataluña, que ya no es que "pida el pacto fiscal, sino la independencia".

Otra reivindicación de una nueva financiación ha llegado desde Navarra, aunque el portavoz del Gobierno foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha recordado que la comunidad está "en otro orden" por su régimen de convenio económico.

"Cualquier agente puede defender que hace falta una nueva financiación autonómica", ha apostillado el portavoz.

Galicia es otra de las autonomías que está a favor de que se modifique el actual modelo y tienen previsto plantear sus propuestas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado durante esta jornada el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha dicho que debe basarse en una clarificación del reparto de competencias y en un "adecuado" cálculo de los costes que asume cada administración.

En su opinión, la ley del anterior Gobierno ha demostrado "insuficiencias" que han llevado a las autonomías a una situación "comprometida" desde el punto de vista financiero.

Fuentes del Gobierno asturiano han defendido que la premisa fundamental de un modelo de financiación tiene que ser que todos los españoles disfruten de la misma calidad de los servicios básicos sea cual sea la comunidad autónoma donde vivan.

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha comentado que ahora se está en "el estudio del impacto de la crisis y la situación actual en el modelo". Esto se irá viendo en 2013, ha agregado a la vez que ha insistido en que "primero hay que ver las conclusiones".

Una "correcta" aplicación del sistema lleva pidiendo la Junta de Andalucía desde hace meses porque se siente perjudicada por la implementación del actual y lleva a la comunidad a estar por debajo de la media.

Para la Comunidad de Madrid, este sistema también es injusto y discriminatorio, pues a su entender es la comunidad "con menos retornos", a pesar de ser la que más contribuye a la recaudación fiscal y la que más peso tiene en la economía.