El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha denunciado que un ayuntamiento de la provincia de Guadalajara acogido al plan de pago a proveedores necesitará 7.058 años para saldar su deuda y otro de Teruel, 462 años, y ha abogado por cambiar a fondo el sector local. "Ante un fallo del sistema, lo que tenemos que cambiar es el sistema", ha dicho.
Beteta ha añadido un tercer ejemplo, un "importante" ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podría tardar más de 22 años en devolver el dinero que se le va a dejar para pagar a los proveedores. "*Es posible mantener una circunstancia de esta naturaleza? Esto pone sobre la mesa dos problemas: la irresponsabilidad del gestor local y la irresponsabilidad de quien debió velar por que estos hechos no llegaran a producirse. Y no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que esto pase", ha añadido.
Beteta ha recordado que la futura Ley de Transparencia incluirá sanciones para los gestores que no hagan bien su trabajo y permitan gastos sin contrapartidas de ingresos. El secretario de Estado ha inaugurado en Madrid una jornada de la Fundación Democracia y Gobierno Local sobre el futuro de las entidades locales y ha anunciado que a finales de este mes estará listo un informe sobre la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local; entre otras cosas, incluirá una lista cerrada de las competencias que pueden prestar las entidades locales y una potenciación de las diputaciones para prestar los servicios que los ayuntamientos menores no puedan afrontar con eficiencia.
FUSIÓN O INTEGRACIÓN DE ENTIDADES LOCALES
Con este texto se trabajará en la reforma de esa ley y a continuación, en la de la Ley de Haciendas Locales, con la que se quiere garantizar la suficiencia financiera municipal. Beteta ha explicado que se tratará de que las competencias que tengan que prestar los consistorios estén siempre cubiertas económicamente y que sea imposible por ley que las comunidades autónomas, como ocurre ahora, adeuden dinero a los ayuntamientos.
Además, el Gobierno prepara ayudas para animar a la fusión o integración de entidades locales, que son voluntarias y deben llevarse adelante con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, Beteta ha precisado que las reformas legales acabarán por empujar esa voluntariedad, porque será necesario cumplir unos criterios de eficiencia que, sin fusiones, no se alcanzarán. "No va a quedar otra", ha dicho.
MILES DE AÑO DE DEUDA
Antonio Beteta ha repasado algunas cifras del plan de pago a proveedores para los ayuntamientos. En total, 4.623 se han sumado al plan, pero de ellas, 2.619 han enviado el plan de ajuste paralelo que se les exige y en el que recogen cómo van a devolver ese dinero. "Desgraciadamente, el sector local no ha respondido como nos hubiera gustado", ha dicho.
De esas entidades que sí han enviado ese plan, 2.305 de ellas han obtenido de Hacienda una valoración positiva y 315, negativa. Y entre estos, están los ejemplos citados de ayuntamientos, que Beteta no ha nombrado, que necesitarían cientos y miles de años para saldar sus deudas. Pese a estos datos, el secretario de Estado ha subrayado que "lo grave" para él es que otros 2.004 no han presentado planes de ajuste en los plazos establecidos, una situación de incumplimiento que no es nueva.
De hecho, Beteta ha denunciado que según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector local, son muchas de entre las más de 9.000 entidades locales que hay en España que no rinden cuentas como les obliga la ley: 2.496 en el año 2006, 2.629 en el año 2007 y 3.222 en el año siguiente. "Esta circunstancia, ahora es absolutamente intolerable", ha criticado.
AYUNTAMIENTOS DE 20.000 HABITANTES
Beteta ha explicado que el trabajo de Administraciones Públicas para reordenar el sector local se apoya en ese último informe del Tribunal de Cuentas sobre esta parte de la administración. En él, y son las directrices que está siguiendo su departamento, se establecen los principios para esa reforma.
Por un lado, establecer un "elenco cerrado" de las competencias municipales y su financiación adecuada; crear un "mapa local acorde con las necesidades demográficas", que evite duplicidades de competencias y que mejore la eficiencia en la prestación de servicios; limitar las empresas municipales y su "proliferación", restringiendo al máximo las causas para crearlas; y crear unos "estándares mínimos de calidad de los servicios que se prestan", de manera que desaparezcan las entidades "que no estén al nivel de calidad exigido".
El secretario de Estado ha rechazado que se fije por ley qué número de vecinos hace que un ayuntamiento o entidad local pueda pervivir y ha defendido sin embargo que existan las que cumplan esos criterios señalados. Pese a todo, ha considerado que los 20.000 habitantes suman una "masa crítica" suficiente para prestar servicios con eficiencia.
En esta reflexión sobre el futuro municipal, Antonio Beteta ha pedido que se distinga municipio de ayuntamiento y ha explicado que podrá haber "entes representativos, pero no prestadores de servicios". Ahí entra el papel de las diputaciones, que se verán fortalecidas como entidades
Beteta ha descartado sin embargo que se mantengan otras estructuras locales y, en concreto, se ha referido a las mancomunidades, que deben desaparecer salvo casos excepcionales. Ese papel de agrupación de municipios queda reservado ya en la Constitución, ha subrayado, a las diputaciones.
