El déficit público de 2015 fue 5,16% del PIB, casi un punto más de lo pactado

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avisado de que echará mano de la conocida como "regla de gasto" para que las comunidades no aumenten sus gastos y, de esa forma, consigan reducir el déficit, que en 2015 se disparó hasta el 5,16 por ciento debido, sobre todo, a ellas.

Montoro ha comparecido en rueda de prensa para explicar los datos de déficit público en España, que en 2015 se situó en torno a los 50.000 millones de euros (5,1 % del PIB), más de 8.000 millones por encima de los objetivos pactados con Bruselas (4,2 % del PIB), por culpa sobre todo de la desviación de las autonomías.

LAS CAUSAS

Según ha explicado, este incumplimiento del objetivo de déficit es debido a la desviación de la Seguridad Social y de las comunidades autónomas, ya que estas últimas han sobrepasado sus objetivos en el 0,96 por ciento del PIB.

Por eso, el ministro ha señalado que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que ha presidido el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha acordado una serie de medidas en pro de la corrección de esta desviación, entre ellas aplicar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla de gasto, que impide que éste aumente más que el crecimiento potencial de la economía.

Se trata de un instrumento de disciplina presupuestaria que pretende garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de manera que, en un horizonte de medio plazo, el crecimiento del gasto esté limitado por la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo.

Montoro ha detallado que el primer paso para aplicar todas esas exigencias ha comenzado con una carta que él mismo ha enviado, en aplicación del artículo 25 de esa norma, instando a las comunidades incumplidoras a que hagan un acuerdo de no disponibilidad en su consejo de gobierno que garantice que los nuevos recursos que van a recibir este año no vayan a incrementar el gasto, sino que sirvan para financiar los que ya estaban realizado en 2015.

No se trata de pedir a las autonomías que recorten, ha precisado, sino que no aumenten el gasto público. Así, respecto a las comunidades incumplidoras que recibieron fondos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2015 y que aprobaron, por lo tanto, un plan de ajuste, habrá una exigencia de que aprueben un acuerdo de no disponibilidad de créditos en su presupuesto, que permita garantizar que con los nuevos recursos que reciben se garantiza el cumplimiento con la regla de gasto.

Habrá también condiciones adicionales para las comunidades adheridas al FLA de 2016, para contribuir a la contención en la evolución del gasto, de manera que tendrán que incorporar la información mensual sobre la ejecución de la regla de gasto, la adhesión a protocolos con la industria del sector sanitario y farmacéutico o el intercambio de información a través del sistema de factura electrónica, para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores.

Se activarán asimismo medidas preventivas y correctivas previstas en la ley de Estabilidad relativas al incumplimiento del plazo máximo de pago a proveedores de las administraciones públicas, para garantizar que reciban las cantidades adeudadas en los plazos legales.

A las comunidades incumplidoras se les pedirá el correspondiente plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente corregir la desviación detectada. Además, se efectuará una especial vigilancia de la ejecución del presupuesto 2016.

Y se adoptarán otras medidas adicionales para reforzar el marco institucional de la disciplina presupuestaria, como la publicación de los planes de ajuste de las autonomías, de la información sobre la ejecución de la regla de gasto y su cálculo, y de los requerimientos por incumplimiento de la normativa de suministro de información.

Montoro ha señalado que con todas estas iniciativas se persigue cumplir la recomendación de la Comisión de 9 de marzo, que prescribió que España debe adoptar medidas para garantizar una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. Con esta respuesta de urgencia se quieren evitar posibles sanciones que podrían imponerse en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo que tiene abierto España.

Con ellas se pretende un mayor control del gasto de las CCAA incumplidoras de sus objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, a fin de por estas se corrijan los incumplimientos, y se evite que continúen durante la ejecución presupuestaria de 2016.

MADRID CERRÓ 2015 CON UN DÉFICIT DEL 1,36%, SEIS DÉCIMAS POR ENCIMA DEL TOPE

La Comunidad de Madrid cerró el pasado ejercicio 2015 con un déficit del 1,36% en relación a su producto interior bruto (PIB), lo que supone finalizar el año seis décimas por encima del tope marcado para las comunidades, establecido en el 0,7% para el conjunto del año.

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Murcia son las autonomías que cerraron 2015 con más déficit e incluso las dos primeras suponen juntas más de la mitad de la desviación total delas comunidades en ese año, que ha supuesto el 0,96 por ciento del PIB. Las comunidades tenían un objetivo de déficit para ese ejercicio del 0,7 por ciento, pero alcanzaron el 1,66 por ciento de media.

Según ha dicho, sólo tres comunidades cumplieron en 2015 su objetivos de déficit y se situaron por debajo del 0,7 por ciento fijado: Canarias (0,54 por ciento), Galicia (0,57 por ciento) y País Vasco (0,69 por ciento), lo que demuestra, a su entender, que aunque el objetivo era "ambicioso, se podía cumplir", incluso con gastos extraordinarios, como financiar los medicamentos contra la hepatitis C.

Montoro ha insistido en que las comunidades que no han cumplido deberían comparar lo que han hecho con las tres anteriores para llegar a una "gestión más eficaz y comprometida con la recuperación económica". En concreto ha emplazado a Cataluña y la Comunidad Valenciana a hacer una gestión más rigurosa y eficaz de los recursos públicos a su disposición.

No obstante, ha negado que no se haya hecho nada en toda la legislatura para reducir el déficit y, como ejemplo, ha recordado que las administraciones autonómicas cerraron 2011 con un déficit del 3,35 por ciento, cifra que este año es del 1,66 por ciento.

Cataluña cerró 2015 con un déficit del 2,70 por ciento, sólo cuatro décimas menos que en 2014; Comunidad Valenciana, del 2,51 por ciento, cuando en 2014 fue del 2,49; Extremadura, del 2,64 por ciento (del 2,51%e n 2014); Aragón, del 2,13 por ciento (tuvo 1,80% el año anterior), y Murcia, del 2,52 por ciento (del 2,87% de 2014), si bien en este último caso está sin depurar el efecto del terremoto de Lorca.

Todas las demás estuvieron por debajo del dos por ciento, pero muy lejos del 0,7 por ciento previsto, como Castilla-La Mancha (1,67%), Asturias (1,53%) y Baleares (1,52%).

Las que más se acercaron al tope ideal fueron Andalucía y La Rioja, ambas con el 1,13 por ciento, así como Navarra, con el 1,28 por ciento. Comparando con 2014, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana no consiguieron bajar la cifra de 2014 y acabaron 2015 con más déficit del que ya tenían.

MADRID ACHACA EL EXCESO DE DÉFICIT A LA FINANCIACIÓN, LA HEPATITIS C Y OLA DE CALOR

La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha achacado el incumplimiento del tope de déficit en 2015 a los gastos coyunturales derivados de la hepatitis C y la ola de calor, el sistema de financiación y la desviación en la previsión de ingresos.

Hidalgo ha expresado estos argumentos en declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras de ampliación del Centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares junto a la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes; y el vicepresidente y director general de Amazon.es y Amazon.it, François Nuyts.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, ha explicado que el déficit público de 2015 fue del 5,16% del Producto Interior Bruto (PIB), casi un punto por encima del 4,2% pactado con Bruselas. El ministro ha explicado que este desvío se debe "prácticamente" a las comunidades autónomas, que se han desviado en relación a su objetivo en casi un punto (1,66% del PIB frente al 0,7% pactado).