La Comisión Europea (CE) ha decidido posponer hasta el jueves su decisión respecto a si multa o no a España y Portugal por incumplir sus respectivos objetivos de reducción de déficit público en 2015, lo que abre la puerta a que ambos países sean sancionados en otoño. Finalmente, el Ejecutivo comunitario debatirá este martes esta cuestión, pero no tomará hasta el jueves su decisión, lo que se espera que haga por procedimiento escrito, explicaron hoy a Efe fuentes comunitarias.
La decisión acercaría aún más a España a una potencial multa de hasta 2.000 millones de euros, aunque aún quedan por resolver varias incógnitas durante el proceso, por ejemplo si los países apoyarían multar a España -Alemania se muestra a favor, Italia se ha pronunciado en contra- y qué tipo de sanción podría producirse.
Los partidarios de las sanciones alegan que, de lo contrario, se dañaría la credibilidad de las reglas europeas de disciplina fiscal, que ya han sido puestas en entredicho después de que la Comisión decidiera en mayo posponer hasta principios de este mes su decisión sobre las medidas a adoptar.
El comisario europeo de Economía, Günther Oettinger, se pronunció hoy a favor de imponer sanciones a España y Portugal por considerar han incumplido sus compromisos de reducción del déficit y apuntó a que la cuestión debe ser abordada esta misma semana. Las sanciones son necesarias, indicó el eurocomisario en declaraciones hoy al popular diario "Bild", con el argumento de que no hacerlo "resultaría inexplicable para la gente".
Ambos países no lograron cumplir sus compromisos en 2015 y para defender su credibilidad, la Comisión Europea (CE) "deberá aprobar sanciones contra España y Portugal", insiste Oettinger ante ese rotativo.
Las declaraciones del eurocomisario siguen a un pronunciamiento del vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en declaraciones al último número del semanario "Der Spiegel", donde apuntaba a una pronta decisión respecto a las sanciones.
Una vez que la Comisión adopte su recomendación, ésta deberá ser respaldada por una mayoría cualificada de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) en el Ecofin, que se reúnen el próximo día 12.
Sin embargo, otras fuentes comunitarias explicaron a Efe que la cuestión está incluida de manera provisional en la agenda del encuentro, ya que aún no se ha decidido si se tratará en él o no. El retraso de la recomendación de la Comisión abre la puerta a que el consejo de ministros de Economía y Finanzas no tenga a tiempo a tener la cuestión preparada para su reunión regular del 12 de julio, de modo que tendría que retrasar su aprobación a una convocatoria posterior, una vez pasada la pausa de verano, lo que pospondría su visto bueno hasta otoño.
A mediados de junio, el propio Dombrovskis aseguró en Bruselas que la Comisión Europea haría cumplir las normas, aunque evitando que éstas dañasen la recuperación económica de ambos países.
El déficit público de España se situó en el 5,1 % del PIB en 2015, contando las ayudas concedidas a la banca en dificultades, casi un punto por encima del objetivo del 4,2 % que le exigía Bruselas para lograr así encarrilar su desvío por debajo del tope del 3 % en 2016, aunque la ha propuesto dar un año más al país para que logre esto último.
Las normas de disciplina fiscal europeas, recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), exigen a los países mantener su déficit público por debajo del 3 % del PIB, de modo que, si lo superan, se les asignan unos objetivos anuales de reducción del desvío que deben ir cumpliendo.
De rebasar estos límites y no haber tomado las medidas necesarias para evitarlo -la decisión que precisamente tomará Bruselas el jueves- los países se arriesgan a ser sancionados con una multa equivalente al 0,2 % del PIB, es decir, unos 2.000 millones de euros en el caso español.
El Gobierno español en funciones, liderado por Mariano Rajoy, ha expresado en numerosas ocasiones su convencimiento de que el país no debe ser multado, mientras que el primer ministro luso, António Costa, mostró su rechazo a aprobar ahora medidas adicionales para evitar sanciones de Bruselas por incumplir con el desvío del año pasado.
DÉFICIT COYUNTURAL Y PENSIONES GARANTIZADAS
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha señalado que el Gobierno recurrirá al Fondo de Reserva para pagar las pensiones mientras persista la situación de "déficit transitorio" y ha admitido que lo volverá a hacer, con toda probabilidad, en Navidad para abonar la extra a los jubilados.
En rueda de prensa para valorar los datos de desempleo y afiliación, Burgos ha explicado que el Gobierno sacó, la pasada semana, 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para pagar las pensiones de julio por la situación de "déficit transitorio" del sistema, y en cumplimiento estricto del Pacto de Toledo, asegurando también que esta medidaresponde a una situación "coyuntural" de déficit del sistema. Además, ha aseverado que las pensiones están "totalmente aseguradas".
Burgos ha declarado que, ante situaciones de déficit, no se debe recurrir a la subida de cotizaciones o a reducir y congelar las pensiones, por lo que el Gobierno ha recurrido al Fondo de Reserva "en la medida necesaria".
Al valorar la situación actual de déficit, ha asegurado que la Seguridad Social tiene 115 años de historia, por lo que "cuatro años de déficit no significa que estemos ante una situación de déficit estructural". Por el contrario, considera que es una "situación coyuntural derivada de la pérdida masiva de afiliados" y que "la mejor gestión del sistema de reservas contribuirá a que de aquí a fin de año haya más recursos".
Asimismo, ha defendido la "transparencia total" del Gobierno en cuanto a la evolución del Fondo de Reserva, así como su actuación. Una vez constituidas las Cámaras, asegura que el Gobierno deberá diseñar nuevos escenarios de financiación en el marco del Pacto de Toledo, que deberá contar con el "máximo respaldo".
El secretario de Estado no ha querido estimar cuánto durará el Fondo de Reserva, en el que quedan 25.176 millones de euros respecto a los 67.000 millones que había en 2011, pero sí ha declarado que tratarán de que "el ritmo actual no se mantenga" y que lo utilizarán "lo menos posible", en función de las necesidades, pero considera "imposible prever" cuántas veces volverá a utilizarse.
En cuanto a las políticas de apoyo llevadas a cabo para aumentar la base de afiliación a la Seguridad Social, como las tarifas planas para autónomos o para la contratación indefinida de trabajadores por cuenta ajena, Burgos señala que "están dando buenos resultados".
De esta manera, la afiliación media alcanzó los 17.760.271 ocupados en junio, tras aumentaren 98.432 afiliados medios en el último mes, un ascenso del 0,56% que supone el mayor para el mes de junio desde 2006. En términos interanuales, junio cerró con 503.876 afiliados más, un 2,92% más que en 2015.
