Los expertos proponen cuatro tramos del IRPF y rebajar hasta 5 puntos el más bajo

El comité de expertos propone reducir a cuatro los siete tramos del IRPF y bajar al menos cuatro o cinco puntos el tramo más bajo, que en la actualidad está en el 24,75%.

Según ha explicado en rueda de prensa el presidente de la comisión, Manuel Lagares, el tipo mínimo debería situarse en las proximidades del 20%, en tanto que el tipo máximo tendría que ser inferior al 50% y aproximarse a la media europea (45%).

"El Estado no puede participar más del 50% en mis ingresos, porque sería confiscatorio", ha afirmado Lagares. Asimismo, según la propuesta de nuevo IRPF el tipo más bajo para la renta sería asimismo el tipo único con el que se gravaría el ahorro.

Además, la comisión plantea de forma genérica una rebaja en la tarifa del IRPF -"a aplicar ya en 2015 para las rentas medias bajas"- atendiendo a las circunstancias personales de los ciudadanos, así como una revisión "significativa" de los mínimos personales para favorecer a las familias con hijos o ascendientes a su cargo.

Según los expertos, la rebaja de tarifa ha de estar acompañada también de la "recomposición de las bases", eliminando exenciones, reducciones y bonificaciones.

Lagares ha defendido también que se baje el límite para la exigencia de declaración, ya que considera "que los mileuristas no deberían pagar impuestos" por la renta.

A ello se suma la eliminación del sistema de tributación por módulos para los trabajadores autónomos y un tratamiento más homogéneo de ganancias y pérdidas patrimoniales sin distinción del plazo de obtención ni corrección por depreciación monetaria, entre otras cosas.

"Para incentivar el ahorro-previsión" los sabios plantean equiparar el tratamiento fiscal de las cuentas de ahorro a largo plazo al de los fondos de pensiones, que mantienen la fiscalidad como hasta ahora.

BAJAR IMPUESTOS DIRECTOS, SUBIR EL IVA Y BAJAR COTIZACIONES

El presidente de la Comisión de Expertos de la reforma fiscal, Manuel Lagares, ha explicado que su propuesta se basa en dos grandes bloques de medidas que pasan por bajar a partir de 2015 los impuestos directos y hacer una devaluación fiscal más adelante subiendo el IVA y bajando las cotizaciones sociales para poder crear empleo.

Asimismo para compensar la pérdida de recaudación, propone eliminar exenciones y deducciones de estos impuestos, usar la imposición medioambiental, reclasificar los tipos de IVA -más del 40% de los bienes están fuera del tipo general-- y mejorar la lucha contra el fraude fiscal.

Con este primer bloque de medidas, habría que empezar a trabajar el 1 de enero de 2015, porque pueden hacer que la economía "salte y empiece a crecer con fuerza". De hecho, ha dicho que estas reformas supondrían un aumento del PIB de 0,5%.

Más adelante, aunque no ha precisado cuándo, habría que trabajar en una devaluación fiscal a través de una subida de IVA y una bajada de cotizaciones. A su parecer, las cifras de paro son "vergonzosas" y habría que bajar las cotizaciones sociales y subir "algo" el IVA. Esta subida, además, no afectaría a las exportaciones, pero sí a las importaciones.

PIDEN SUBIR EL IVA AL 21% EXCEPTO VIVIENDA, TURISMO Y TRANSPORTES

El comité de expertos para la reforma fiscal propone que los productos y servicios gravados con el tipo reducido del IVA (10%) pasen al tipo general (21%), excepto los que gravan la vivienda, el turismo y el transporte público.

En su informe el comité de expertos señala varias excepciones entre ellas la del tipo de IVA que grava la vivienda y que no consideran adecuado desplazarlo al tipo general, debido a las dificultades que introduciría en el proceso de liquidación del stock de viviendas nuevas que actualmente están sin vender.

También incide en que modificar el tramo que grava los bienes y servicios del sector turístico perjudicaría la competitividad en España y cree que subir el tramo de IVA sobre el transporte público también tendría un impacto sobre la oferta de trabajo.

Asimismo, los expertos argumentan que sólo sería aplicable el IVA general al sector turístico si se combina con una reducción significativa de las cotizaciones sociales.

El comité de expertos entiende que esta elevación del tipo reducido al general se debe hacer en "aras de mejorar la capacidad recaudatoria del IVA español" por lo que urge a que el desplazamiento al tipo del 21% afecte al "mayor número de bienes y servicios posibles".

En cuanto al IVA superreducido, el informe también indica que a medio plazo estos bienes deberían moverse al tipo general, salvo en el caso de los bienes de primera necesidad que sólo se moverían al 21% si se articulan mecanismos de compensación a través de prestaciones a las rentas mas bajas.

En este sentido argumentan que, como los tipos superreducidos se aplican en España esencialmente a los alimentos, su incremento afectaría muy negativamente a los segmentos de población económicamente más vulnerables. El presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, ha sido tajante al asegurar que el IVA superreducido referido a los bienes de primera necesidad es "intocable".

REDUCIR ENTRE 5 Y 10 PUNTOS EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

Los expertos plantean reducir el tipo nominal del impuesto de Sociedades "de manera significativa" del 30% actual hasta el entorno del 20%, aunque sería una disminución por etapas "con una posición intermedia situada quizá en las proximidades del 25%".

En este área, aboga por suprimir el régimen especial de las empresas de reducida dimensión "pues suele tener efectos muy negativos sobre la productividad, supone un desincentivo para el crecimiento y les impide beneficiarse de las economías de escala".

Se propone además "la supresión de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, la deducción por inversión de beneficios, por inversiones medioambientales, la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios y las deducciones por creación de empleo". Además, el documento plantea considerar como fiscalmente no deducible el importe de los gastos financieros netos que se deriven de un exceso de endeudamiento.

MANTENER EL IMPUESTO DE SUCESIONES

La comisión plantea la "eliminación definitiva" del impuesto sobre el patrimonio y apuesta por mantener el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que tendría una tributación mínima en el territorio nacional.

La propuesta de los expertos apuesta por eliminar patrimonio en línea con "la tendencia que se aprecia en otros países desarrollados", por "sus efectos negativos sobre el ahorro".

Además, los expertos justifican la abolición del patrimonio en sus "reducidas recaudaciones y en el hecho de que las posibilidades de planificación fiscal internacional para los patrimonios realmente elevados desvirtúan totalmente su posible contribución a la equidad del sistema tributario".

En cuanto a las sucesiones, los expertos apuestan por la creación de una tributación mínima en el territorio nacional. "Esa imposición mínima debería contar con una tarifa impositiva que discrimine, exclusivamente, en función del grado de parentesco", dice.

IMPUESTOS ESPECIALES

El comité de expertos aboga por incrementar progresivamente la imposición sobre el alcohol hasta alcanzar la media de la Unión Europea y consideran la posibilidad de establecer un impuesto a tipo muy reducido sobre el vino, como recientemente se ha hecho en Francia.

Proponen que se iguale el impuesto que grava las labores del tabaco al de los cigarrillo y en la denominada reforma fiscal verde piden diversificar el impuesto en un gravamen sobre la energía y otro sobre el dióxido de carbono.

También equiparar el tipo del gasóleo al tipo de la gasolina en un período adecuado.

VEHÍCULO Y CONGESTIÓN

En la reforma, incluyen, por otra parte, el pago de tasas por el uso de las infraestructuras de transporte y un nuevo impuesto sobre el uso de vehículos de tracción mecánica.

En Madrid y Barcelona añaden que se podría regular la posibilidad de exigir "tasas de congestión" por la entrada de vehículos al centro de la ciudad.

Por último, la comisión de expertos sobre la reforma tributaria considera que se debería conceder una mayor capacidad normativa a las comunidades autónomas "para establecer sistemas de copago en los servicios públicos de su competencia" y así mejorar la capacidad de financiación de esos servicios.