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El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijo hoy que aplicar en España el "modelo austríaco", es decir, crear un Fondo de Capitalización para los trabajadores en caso de despido, como contempla la reforma laboral, supondría aumentar las cotizaciones sociales de las empresas en torno al 1,5%.

En su intervención en el curso "El nuevo sistema financiero, las nuevas infraestructuras y el nuevo mercado laboral", que organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Gómez explicó que, si los empresarios no quieren subir las cotizaciones sociales, la única forma de conseguir dinero para poder financiar el coste del despido sería utilizar una parte del excedente del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Según el ministro, el excedente del FOGASA, que suma unos 2,3 millones de euros, "no dura para siempre", podría agotarse en cuatro o cinco años y cuando se acabe habrá que dotar con una cantidad superior al 0,2 % actual.

No obstante, Gómez señaló que si los empresarios obtienen una reducción por el coste del despido, pueden asumir una cotización adicional más y "sus costes serían neutros".

Añadió que el Gobierno remitirá el informe a los interlocutores sociales porque no será una decisión unilateral, y tratará de alcanzar consenso en las próximas semanas.

Recordó que el comité de expertos acaba de elaborar el informe sobre el fondo de capitalización un documento que plantea un "conjunto de alternativas de muy diverso tipo", desde el modelo austríaco "puro".

Dicho modelo contempla que con el pago de cotizaciones por parte de los empresarios se financie el coste del despido para los que son despedidos y se usa la misma fórmula de devengo para quienes siguen trabajando, ya sea en una empresa o en otra.

Así, los trabajadores que continúan en el mercado laboral al final cobran una indemnización equivalente a unos nueve días por año trabajado.

Ese modelo austríaco costaría en torno al 1,5 % de cotizaciones al empresario, es decir entre uno y dos puntos.

Según Gómez, lo que plantea el informe es que no hay "un atajo" que permita ahora diseñar un fondo así y al mismo tiempo no subir las cotizaciones sociales "porque debe financiarse de alguna forma y no hay un esquema posible dentro de las instituciones sociales y laborales españolas como para poder asumir el coste sin exigir un incremento de las cotizaciones en paralelo".

Como este no es el mejor momento para subir las cotizaciones sociales por la crisis, el ministro señaló que la única forma sería utilizar una parte del excedente del FOGASA para financiar el despido o una parte del mismo, pero advirtió de que habrá que dotarlo más en el futuro.

En este sentido, explicó que lo que señala la reforma laboral como disposición transitoria (un año) en cuanto a que los contratos suscritos en el primer año a partir de su entrada en vigor, que fueran objeto de despido posterior fueran financiados por el FOGASA, pudiera ser permanente.

Advirtió de que el FOGASA, además de los gastos propios de la indemnización por despido debe hacer frente progresivamente a los despidos de los nuevos trabajadores por contrato indefinido que se hagan a partir de la reforma en 2010.

Por ello, concluyó "es esperable" que en cuatro o cinco años se acabe su excedente.