La lucha contra el fraude fiscal y laboral permite obtener 22.500 millones

La lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social ha tenido un impacto económico de 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013, entre los que destacan los más de 3.000 millones que ha ahorrado el Estado por irregularidades en prestaciones por desempleo que percibían parados.

Sostenía Soraya Sáenz de Santamaría que la mayoría de los 520.572 perceptores de la prestación por desempleo en los que se han detectado irregularidades han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones o la no renovación de demanda. Las sanciones van desde la suspensión de uno a seis meses del cobro de la prestación, en su mayoría, hasta la retirada total de la prestación dependiendo de la gravedad de la infracción.

Posteriormente desde el Departamento dirigido por Fátima Báñez, se precisaba la cifra en 160.000 casos en los que se habían detectado irregularidades.

Los beneficiarios de prestaciones registrados a finales de junio de este año ascendían a 2.801.625, mientras que los existentes en enero de 2012 eran 3.012.045.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el Ministerio de Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual en la mano, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue. La vicepresidenta ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.

NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este plan de lucha contra el fraude es el "más ambicioso" de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.

De los más de 22.500 millones de euros obtenidos, 16.500 millones son ingresos adicionales que proceden de la lucha contra el fraude fiscal y 6.152 millones suponen ahorros procedentes de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

De la misma forma, se han desarrollado actuaciones para frenar el fraude en otro tipo de prestaciones, como las de discapacidad o Incapacidad Temporal (IT), que han generado un ahorro de 408 millones. Además, se han detectado actividades no declaradas a la Seguridad Social por valor de 1.714 millones. Las inspecciones a empresas ficticias, por su parte, han sumado 35.761 procesos y han generado 557 millones.

A estos datos hay que sumar, ha indicado la vicepresidenta, el ensanchamiento de bases imponibles en unos 40.000 millones de euros, gracias a la amnistía fiscal y en 87.700 millones, gracias a la nueva obligación de informar de bienes e inmuebles en el extranjero, que hicieron 131.411 contribuyentes.

3.000 DETENIDOS O IMPUTADOS

De la misma forma, Santamaría ha resaltado la importancia de valorar la colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el fraude que, en este mismo periodo, han desarrollado cerca de 700 operaciones destinadas a este fin que han permitido detener o imputar a más de 3.000 personas.

Asimismo, ha destacado el papel de España en las iniciativas internacionales, lideradas por el acuerdo con EE.UU. y seguidas por otros convenios firmados con multitud de países para evitar la doble imposición y fomentar los intercambios de información.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha referido al esfuerzo del Gobierno para controlar las deudas tributarias adelantando la puesta en marcha de medidas cautelares en los procedimientos tributarios para evitar que la duración del proceso permitiera a los investigados ocultar sus bienes. En este año y medio, según ha avanzado, se han implementado 9.953 medidas cautelares.

Asimismo, ha resaltado el trabajo en la lucha contra el contrabando de tabaco, y ha asegurado que a lo largo del año 2012 el Gobierno se incautó de más de 8,7 millones de cajetillas de tabaco. En lo que va de 2013, se ha incautado de 3,9 millones de cajetillas y por primera vez se ha intervenido una factoría clandestina de tabaco.

Para el impulso del intercambio de información tributaria a nivel internacional, España ha liderado, junto a Alemania, Francia Italia y Rumanía, el desarrollo de un nuevo estándar internacional de intercambio automático y multilateral de información, al negociar con Estados Unidos el Acuerdo FATCA y, posteriormente, al promover el proyecto piloto que ha impulsado los trabajos de la OCDE y de la Unión Europea, apoyados por el G-20.

Asimismo, en estos últimos dieciocho meses se han rubricado o firmado los siguientes convenios para evitar la doble imposición o acuerdos para el intercambio de información: Catar, Austria, Reino Unido, India, Uzbekistán, Chipre, Argentina, Estados Unidos, Jersey, Guernesey, Isla de Man, Mónaco, Macao y el ya citado acuerdo FATCA.

VALORACION "MUY POSITIVA".

Tras presentar las cifras, la vicepresidenta ha repasado algunos de los cambios introducidos por el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude, como la firma de nuevos convenios, la reforma del Código Penal o el aumento de efectivos de la Agencia Tributaria destinados a este fin.

En este sentido, ha recordado que los ingresos generados por la lucha contra el fraude aumentaron un 10,8% el año pasado y han superado con creces las expectativas del primer semestre de 2013. A su parecer, las cifras merecen una "valoración muy positiva" porque el Gobierno se marcó la lucha contra el fraude como un "elemento clave", tras detectar una reducción "importante" de bases tributarias y ante la necesidad de luchar contra formas novedosas de fraude.