El impuesto a la generación eléctrica vuelve y la factura podría subir 1 euro

La suspensión temporal del impuesto sobre la generación eléctrica del 7 %, una de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar el impacto del alza del precio de la luz en los consumidores, finaliza este lunes, lo que podría encarecer entre 0,5 y un euro la factura mensual de la luz.

El Gobierno, en su real decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre del año pasado, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, exoneraba del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema eléctrico durante el último trimestre de 2018 y el primero de 2019.

Con esta norma, luego convalidada por el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo daba respuesta al fuerte repunte en agosto del precio de la electricidad, que en septiembre de disparó a máximos anuales.

En el mercado mayorista de la electricidad, donde las empresas casan sus ofertas, el precio medio mensual en septiembre fue de 71,27 euros el megavatio hora (MWh), con un máximo diario de 75,93 euros/MWh alcanzado el 19 de septiembre.

El encarecimiento del precio de los derechos de emisión del dióxido de carbono (CO2) y del gas natural y el carbón en los mercados internacionales fueron los principales causantes de la subida.

El coste de la electricidad en el mercado mayorista supone el 35 % de la factura para un consumidor acogido a la tarifa regulada o Precio Voluntario a Pequeño Consumidor (PVPC) y el resto corresponde a peajes fijados por el Gobierno e impuestos.

En septiembre pasado, un consumidor medio pagó un recibo de la luz de unos 63,86 euros, que ya en octubre descendió hasta 62,40 euros y desde entonces las reducciones mensuales se han acumulado de forma consecutiva.

También en el mercado mayorista, donde en el mes de marzo la media de precios ha sido de 48,82 euros/MWh, por debajo de los 54,01 euros/MWh de febrero y los 61,99 euros/MWh de enero.

El fin de la exención temporal del impuesto puede hacer variar la situación y, el pasado 13 de marzo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estimaba que podría haber un alza impositiva de 2 o 3 puntos porcentuales y un encarecimiento de la factura mensual de entre 0,5 y 1 euro por familia, aunque esperaba que se pudiera absorber todo el efecto de la suspensión.

El impuesto a la generación eléctrica nació con la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 27 de diciembre de 2012, que elaboró el gobierno del PP para luchar contra el déficit de tarifa (desajuste entre ingresos y costes regulados del sistema) en un momento en el que el sistema acumulaba 24.000 millones de euros de deuda.

Las compañías eléctricas se opusieron siempre a este impuesto, que el Tribunal Constitucional concluyó en julio de 2018 que no vulneraba ningún precepto constitucional.

El impuesto a la generación eléctrica permitió ingresar en 2013, primer año de su aplicación, 1.260 millones de euros y para 2018 el ingreso presupuestado a su cargo ascendía a 1.533 millones de euros, según datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, que calcula, de acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria, que desde que está en vigor se han recaudado con él más de 8.500 millones.

El Gobierno estimó, por su parte, que con la suspensión de este impuesto se dejarían de ingresar unos 1.000 millones de euros al año, que esperaba compensar con los mayores ingresos por subastas de derechos de emisiones de CO2.