La juez abre juicio oral por quiebra de CAM e impone 1.600 millones de fianza

La Audiencia Nacional ha decretado hoy la apertura de juicio oral a los ocho exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) acusados de varios delitos, entre ellos estafa y falsedad documental, e impone 1.592,4 millones de euros de fianza, tal y como solicita el Fiscal. Así lo recoge en un auto la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Carmen Lamela, en el que además señala al Banco Sabadell y a la Fundación CAM como responsables civiles subsidiarios, y a la aseguradora Caser como responsable civil directo.

Los ocho acusados disponen de 24 horas para depositar los cerca de 1.600 millones de euros de fianza que solicita el fiscal, que atribuye a los ocho antiguos miembros de la cúpula, entre ellos el expresidente de la entidad Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, los delitos de estafa continuada agravada, falsedad documental, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil en 2010 y 2011. A ellos el fiscal añade en cada caso otros delitos en función del papel desempeñado en la caja por cada uno de los ocho acusados, aunque solicita el sobreseimiento provisional de la causa contra Modesto Crespo.

Además de Crespo, López Abad y Amorós, están acusados el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb; el ex director general de Recursos Vicente Soriano; al ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez; el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.

Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, el fiscal solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno.

Como cómplices de falsedad contable, el ministerio público solicita un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que ejerce la acusación, atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros.

En el caso de Sabater Navarro, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.

La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros. El juicio se celebrará en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

A comienzos de este mes, Lamela decidió separar la pieza de las cuotas participativas de la CAM a la causa principal por presuntas irregularidades en la entidad, que había decidido acumular el pasado 15 de febrero. La pieza principal investiga a la antigua cúpula de la CAM por esconder la crítica situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

Las cuotas participativas de la CAM, que fue absorbida por el Banco Sabadell, se empezaron a emitir en 2008, se colocaron a 55.000 pequeños inversores y a través de su venta la entidad obtuvo 292 millones de euros; en diciembre de 2011, las cuotas participativas dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.

La pieza principal investiga a la antigua cúpula de la CAM por esconder la crítica situación de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones. Las cuotas participativas de la CAM, que fue absorbida por el Banco Sabadell, se empezaron a emitir en 2008, se colocaron a 55.000 pequeños inversores y a través de su venta la entidad obtuvo 292 millones de euros; en diciembre de 2011, las cuotas participativas dejaron de tener valor y se suspendió su cotización en bolsa.