El Canal de Panamá condiciona un aporte extra de fondos a la retirada de la suspensión de obras

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) condicionó hoy un aporte extraordinario de hasta 183 millones de dólares al consorcio encargado de la ampliación de la vía, a que éste retire su intención de suspender la obra y a que los fondos se usen para pagar a subcontratistas y proveedores. La propuesta "muy concreta" de la ACP incluye además que el consorcio GUPC, que lidera la española Sacyr, también desembolse 100 millones de dólares, para un aporte total extraordinario de 283 millones que garantice la continuidad de la obra por los próximos dos a cuatro meses, dijo el administrador de la vía, Jorge Quijano.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tiene que "cumplir otros hitos importantes", como que el Canal de Panamá "reciba en febrero próximo las cuatro compuertas que ya están listas para embarcar en Italia" y que se vuelva a contratar personal suficiente para hacer avanzar las obras de ampliación, agregó Quijano.

También reclamó que se agilice el proceso de reclamaciones económicas a través de los canales previstos en el contrato, como son presentarlas primero a la ACP y, en caso de que sean rechazadas, a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) en primer lugar y después a un arbitraje internacional.

El GUPC, que forman Sacyr y la italiana Impregilo, con 48% de acciones cada una , la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, notificó el pasado 30 de diciembre la suspensión de las obras a partir del próximo día 20 de enero si la ACP no reconoce "sobrecostes", que cifró en más de 1.600 millones de dólares dijo no poder soportar.

La ACP rechazó esa "presión" y dijo que las reclamaciones carecen de respaldo, al tiempo que instaba al consorcio a presentarlas por los canales previstos en el contrato.

La propuesta de la ACP la presentó hoy martes Quijano a los representantes del GUPC durante una reunión de más de tres horas celebrada a puerta cerrada en el edificio de la Autoridad del Canal, en la capital panameña.

"Tenemos que esperar cómo responden ellos (GUPC). Yo vi a uno de sus negociadores, el principal, atendiendo positivamente" la propuesta del ente estatal panameño, dijo Quijano, quien luego aclaró que se refería al presidente de Sacyr, Manuel Manrique.

Quijano afirmó que no hay un plazo establecido para que el consorcio de su respuesta, pero señaló que el tiempo apremia porque la intención de suspensión de las obras el próximo día 20 se mantiene hasta que el consorcio no la retire oficialmente.

"No es que (el GUPC) hayan aceptado (la propuesta de la ACP) pero tampoco la han rechazado", afirmó Quijano, que dijo estar disponible para nuevos encuentros con el contratista incluso hoy mismo.

De no retirarse la intención de suspender las obras, la ACP tendría que dar el "siguiente paso, que es terminar con el contrato" y activar los mecanismos que le permiten finalizarla, pero que "lo más óptimo es seguir" con el GUPC, agregó el responsable de la Autoridad del Canal.

Quijano reconoció que el consorcio "busca una solución más a largo plazo" a los problemas que enfrenta y que quisiera un desembolso incluso igual a lo que falta por pagar del proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, pero señaló que eso es imposible, ya que está fuera de lo estipulado en el contrato.

El GUPC obtuvo en 2009 el contrato por 3.118 millones de dólares para la construcción de las nuevas esclusas y la ACP ha dicho que ya ha desembolsado 2.831 millones de dólares.

En un comunicado difundido hoy, la ACP precisó que de los 183 millones de dólares que está dispuesta a desembolsar, 100 millones corresponderían a un adelanto garantizado mediante garantías bancarias por el contratista.

Los otros 83 millones de dólares corresponderían a fondos que ya adelantó la ACP y que el consorcio debía pagar pero serán objeto de una moratoria.

El encuentro de este martes ha sido el primero desde que el GUPC notificó a la ACP la suspensión de las obras.

La reunión se acordó ayer, después de que la ministra española de Fomento, Ana Pastor, sostuviera reuniones por separado con el GUPC, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, y la ACP, a fin de lograr que las partes se sentaran a negociar una salida.

PASTOR NIEGA QUE EL GOBIERNO VAYA A DAR DINERO A SACYR

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha afirmado este martes que "en ningún caso" el Gobierno español dará dinero a Sacyr para que acabe las obras de ampliación del Canal de Panamá, al tiempo que ha descartado que los problemas de la española en esta infraestructura vayan a afectar negativamente a la marca España.

"Por encima de cómo se resuelva este conflicto está la gran ingeniería española, tanto empresas privadas como públicas. Aunque dicen que el crédito se pierde rápido, el trabajo de tanta gente y de tantos años no está en riesgo nunca (...). La ingeniería española está situada en las más altas cotas del mundo", ha defendido Pastor en declaraciones a la cadena SER.

La ministra ha señalado que el Gobierno español está mediando y contribuyendo a que el conflicto de Sacyr en el Canal de Panamá se resuelva "bien", pues se trata de una obra "emblemática", de las más importantes del mundo en este momento."La parte técnica se está haciendo de manera inmejorable", ha subrayado la ministra, que ha insistido en que las partes tienen "voluntad real" de sentarse a negociar e intentar llegar a soluciones.

Pastor ha indicado que hasta ahora se han llegado a dos acuerdos importantes: sentarse a hablar y que todas las reclamaciones previstas en el contrato sigan los canales de arbitraje establecidos en él. Hasta ahora, ha apuntado la ministra, el consorcio que lleva a cabo la obra, liderado por la española Sacyr, ha ejecutado el 70% de la misma y, según Pastor, "todos están encantados por cómo va".

Sobre las advertencias del Tribunal de Cuentas de que el aval público dado a Sacyr por cerca de 160 millones para poder adjudicarse la obra no cumplían del todo los requisitos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), la ministra ha señalado que esta cuestión debe discutirse en el Parlamento español, que será quien evalúe los distintos aspectos de la concesión.