Los ministros de Exteriores del continente americano aprobaron hace quince años la Carta Democrática de la OEA, conmemoración que coincide con el debate sobre su aplicación a Venezuela y también con el decimoquinto aniversario de los atentados del 11-S en Estados Unidos.
"Estábamos ya reunidos cuando empezaron a llegar las noticias de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Colin Powell (entonces secretario de Estado de EEUU) nos informó, todos estábamos desesperados", explica a Efe Jean Michel Arrighi, uno de los redactores de la Carta y responsable desde hace 23 años de los Asuntos Jurídicos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
"Powell nos dijo: 'Señores, yo he venido a aprobar la Carta y me quedo hasta que se apruebe, pero me han dado muy poco tiempo para volver, pediría si podemos invertir el orden, primero aprobamos la Carta y después se dan los discursos", recuerda Arrighi, que, como muchos de sus compañeros, se quedó varado en Lima durante días.
En esas circunstancias excepcionales, los 34 países miembros de la OEA firmaron "sin ninguna voz disidente" la Carta Democrática, una resolución de la Asamblea General que prevé varios escenarios de la ruptura del orden constitucional de un Estado y que este año, en su 15 aniversario, está de máxima actualidad por el polémico debate sobre su aplicación a la Venezuela de Nicolás Maduro.
El pasado 31 de mayo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio el paso sin precedentes de invocar la Carta Democrática contra la voluntad del Gobierno del Estado en cuestión: Venezuela.
Hasta ahora, la Carta se había aplicado en tres escenarios: cuando el Gobierno del Estado pidió asistencia de la OEA, cuando la autorizó a solicitud de otros países o en el caso del golpe de Estado de Honduras de 2009, que fue el único en el que se aplicó la máxima sanción, la suspensión del ente.
Fue un Gobierno venezolano, el del fallecido presidente Hugo Chávez, el que primero recurrió a la Carta Democrática, tras el intento de golpe de Estado contra él ocurrido en 2002.
"Cuando Chávez volvió al poder pidió la Carta para iniciar un proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición y se estableció una mesa de diálogo impulsada por el secretario general de la OEA (entonces César Gaviria) y el expresidente estadounidense Jimmy Carter", detalla Arrighi.
El debate actual abierto sobre la aplicación de la Carta a Venezuela se basa en un cuarto escenario que el documento recoge en su artículo 20 y que nunca antes se había dado.
"Esta es la hipótesis de que hay una crisis institucional, pero el Gobierno ni pide ayuda ni acepta que lo ayuden. Pero, dado que es una alteración grave del orden constitucional, el Consejo Permanente, a petición del secretario general o cualquier Estado, puede iniciar una serie de gestiones", señala Arrighi.
"El artículo 20 -continúa- se hace precisamente para el caso, como el de Alberto Fujimori en Perú en 1992, de que es el Gobierno el que está afectando el orden constitucional. El Gobierno solo va a pedir ayuda o dar su acuerdo cuando es él el afectado, no cuando es él el que afecta. Por eso se redactó ese artículo, para esos nuevos casos".
Fue el Gobierno interino que sucedió a Fujimori, el de Valentín Paniagua, el que propuso fortalecer los mecanismos de protección de la democracia en el continente americano, al considerar que los instrumentos disponibles hasta entonces "no habían dado respuesta a la crisis de 1992 (cuando Fujimori disolvió el Congreso e intervino el poder judicial) ni al fraude electoral del 2000".
Así, en la Cumbre de las Américas celebrada en Québec (Canadá) en 2001, se dio el mandato de adoptar una Carta Democrática Interamericana.
El encargado de liderar el proceso de redacción, entre abril y septiembre de ese año, fue Humberto de la Calle, entonces embajador colombiano en la OEA y ahora jefe negociador de su Gobierno en el recién firmado acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El 11 de septiembre de 2001, el fatídico día de los atentados terroristas en Estados Unidos, los ministros de Exteriores de los 34 países de la OEA rubricaban por unanimidad en el Hotel Los Delfines de Lima una resolución para crear la Carta Democrática.
Este instrumento nació para ampliar el espectro de formas de alteración constitucional que abarcaba su predecesora: la resolución 10/80 de 1991, creada para el supuesto de un golpe militar contra un Gobierno legítimo.
