La aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, declaró "de manera voluntaria" ante el FBI durante tres horas y media para responder a las preguntas de los agentes sobre su uso de correo privado para asuntos de interés nacional mientras era secretaria de Estado (2009-2013).
La también exprimera dama y exsenadora hizo "una entrevista voluntaria esta mañana acerca de su correo electrónico mientras fue secretaria" de Estado, según indicó su portavoz Nick Merrill en un breve comunicado sobre el encuentro, que según la campaña de Clinton duró aproximadamente tres horas y media y tuvo lugar en la sede del FBI en Washington DC.
La misma fuente indicó que Clinton "se complace de haber tenido la oportunidad de asistir al Departamento de Justicia para que esta revisión lleve a una conclusión" y, "por respeto a los procesos de investigación, no hará más comentarios" sobre ese interrogatorio.
La polémica por los correos electrónicos se desató a comienzos de 2015, cuando los medios estadounidenses revelaron que, durante sus cuatro años en el Departamento de Estado, Clinton usó en todo momento una cuenta personal para sus comunicaciones, con un servidor privado.
Clinton reconoció entonces que habría sido "más inteligente" usar una cuenta oficial y entregó 55.000 páginas de correos electrónicos de esa etapa al Departamento de Estado para su publicación, pero el caso generó interrogantes sobre si trató indebidamente información clasificada del Gobierno al usar su cuenta personal.
El Departamento de Estado identificó alrededor de 2.100 correos electrónicos del servidor de Clinton con información confidencial, aunque ha asegurado que muchos de ellos no se consideraron clasificados en el momento de su envío, sino que han sido etiquetados como tal durante la revisión actual de los mails.
El tema de los correos acentuó además las acusaciones por parte de la bancada republicana en el Congreso sobre la mala praxis de la exsecretaria de Estado en el ataque contra el consulado estadounidense en Bengasi (Libia) en 2012, en el que murió el entonces embajador Chris Stevens y otros tres funcionarios del Gobierno.
Clinton se sometió hace unos meses a una comparecencia ante los legisladores para explicar lo ocurrido en aquel ataque que duró más de once horas y esta semana se hizo público el informe final de los congresistas sobre el atentado, en el que no se hallaron pruebas que inculpasen a la aspirante demócrata.
No obstante, el asunto de los correos agitó de nuevo esta semana la campaña electoral de EEUU después de un controvertido encuentro entre el expresidente Bill Clinton y la fiscal general, Loretta Lynch.
La procuradora aseguró que la conversación se centró en los nietos del matrimonio Clinton y que, en ningún momento, surgió el tema de los correos electrónicos de la ex primera dama durante ese encuentro casual que ocurrió el lunes por la noche en el aeropuerto de Phoenix, en el estado de Arizona.
La fiscal general decidió explicar cuál será su papel en el caso e hizo hincapié en que se dedicará únicamente a revisar el informe final y no usará su poder para anular la investigación o influir en la posibilidad de llevar a juicio a la política demócrata.
La secretaria de Justicia aseguró que esa decisión se tomó hace meses para despejar cualquier duda sobre un posible conflicto de intereses, pues Lynch fue nombrada por el presidente de EEUU, Barack Obama, y anteriormente fue nominada por Bill Clinton para la Fiscalía del distrito Este de Nueva York.
Con la declaración de hoy, Clinton pretende acelerar el proceso de investigación del FBI para solventar cuanto antes el asunto, que inevitablemente ha sobrevolado la campaña electoral estadounidense.
Su rival y virtual aspirante republicano a la Presidencia del país, Donald Trump, ha utilizado la polémica de los correos en numerosas ocasiones para arremeter contra la exprimera dama, acusándola de poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.
En última instancia, el peor de los escenarios para Clinton sería que la investigación encontrara pruebas suficientes en su contra como para que la exsecretaria de Estado fuera llevada a juicio, una situación que podría poner en serios problemas sus aspiraciones presidenciales.
