Cuba abre su Constitución a la identidad de género y la propiedad privada

El respeto a la identidad de género, el reconocimiento de la propiedad privada y la limitación a diez años del mandato presidencial forman parte del borrador de la nueva Constitución cubana, adelantado hoy por la prensa oficial de la isla antes de su inminente aprobación parlamentaria. Las esperadas inclusiones, a tono con "los nuevos derroteros" de las reformas económicas impulsadas en el país, son viejos reclamos del colectivo LGTBI cubano y del creciente sector privado, que han recibido esperanzados pero cautos el anuncio del diario estatal Granma sobre los cambios a la Carta Magna (1976).

El Anteproyecto de la nueva Constitución tiene 224 artículos y, a pesar de incluir "importantes modificaciones", su texto confirma que no habrá cambios en el "carácter socialista del sistema político y social" en la isla, que mantiene como "fuerza dirigente superior" al gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

En la reforma constitucional, "el contenido del derecho de igualdad adquiere mayor desarrollo al incorporar a los ya existentes, entre otros la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad", indicó el órgano del PCC. "El proyecto establece que los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y la ley", sostiene el texto, que será presentado y debatido los próximos 21, 22 y 23 de julio en el Parlamento.

La prohibición por ley de la discriminación a una persona en relación a su identidad de género es una de las peticiones de la comunidad LGTBI en Cuba, que también espera que se incluya en la nueva Constitución la legalización del matrimonio igualitario y el acceso a la adopción y reproducción asistida para parejas homosexuales. "Estamos optimistas, creo yo, teniendo en cuenta que después de muchos años sin un cambio tan trascendental como este, por fin vamos a llevar a debate la Carta Magna, y es allí donde se va a librar la gran batalla para incluir un derecho tan fundamental como el del matrimonio", declaró la activista Susana Hernández.

Para Hernández, periodista de profesión y guía en una ruta turística que muestra "La Habana queer", hay mucho entusiasmo y "las personas están convencidas de que es el momento, de que es ahora", aunque considera que se debe trabajar aún por la educación y la sensibilización de cara a las consultas populares.

La última etapa del proceso de reforma constitucional comenzó oficialmente el pasado 2 de junio, liderada por el expresidente y todavía líder del PCC, Raúl Castro, aunque las discusiones, análisis y propuestas llevan ya años en preparación.

En la nueva legislación se planea incluir decisiones aprobadas ya por el Gobierno cubano, entre ellas el reconocimiento de la empresa privada, legalizada dentro de la última versión de las reformas "raulistas" ratificadas hace un año ante la Asamblea Nacional de Cuba (Parlamento unicameral).

Así, queda afincada la propiedad privada dentro del nuevo modelo cubano, en el que todavía prevalecerán las formas de gestión estatal y no se permitirá la acumulación de riqueza y propiedad. "Pienso que sería un tremendísimo beneficio. Lo único que haría falta es que no fuera propiedad privada solamente por decirlo y después pongan tantas restricciones que no se pueda llevar a cabo", señaló escéptico Alain, chófer de uno de los populares "almendrones" o coches estadounidenses de la década de 1950 usados para el transporte de pasajeros.

Para su colega Ramón, esta reforma constitucional podría "significar un avance, una manera de que Cuba se abra al mundo", a la par de otras naciones que ya han legalizado el matrimonio homosexual o reconocen el valor de las pequeñas y medianas empresas en su desarrollo.

La nueva Carta Magna también "instituye la figura del Presidente y Vicepresidente de la República", adelantó Granma, lo que supone un cambio respecto al texto actual que establece la figura del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, puesto que ocupa Miguel Díaz-Canel tras reemplazar a Raúl Castro el pasado abril.

De aprobarse, se establecería un límite de dos periodos de cinco años para un mismo mandatario, quien al cumplir la década en el cargo "no lo puede desempeñar nuevamente", una modificación ya anunciada y cumplida por Raúl Castro, que sustituyó en el poder a su hermano mayor Fidel Castro, al frente del país por casi medio siglo.

Otros cambios incluyen la eliminación de las Asambleas Provinciales del Poder Popular y su sustitución por un Gobierno Provincial, liderado por la nueva figura del Gobernador y su Consejo.