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El etarra Arturo Cubillas Fontán, principal procesado en la que causa en la que el juez Eloy Velasco investiga la supuesta colaboración entre ETA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno de Venezuela, ha facilitado a la Audiencia Nacional su domicilio en el país sudamericano tras presentar un escrito en el que solicita su personación en el procedimiento para poder acceder al sumario, informaron este martes fuentes jurídicas. Cubillas Fontán, funcionario en la Administración de Hugo Chávez, se ha dirigido al juez instructor a través de un procurador que ha presentado en la Audiencia Nacional un poder notarial en el que fija su lugar de residencia en Venezuela y reclama ser reconocido como parte en el proceso para tener acceso a las diligencias que se vayan practicando.

En su escrito Cubillas también designa procurador y encomienda su defensa a los abogados Jone Goirizelaia, Alfonso Zenón, Beatriz Ilardia, Ainhoa Baglietto y Edurne Iriondo, que representan habitualmente en este tribunal a presuntos etarras y miembros de la izquierda abertzale.

La misma solicitud la ha realizado el etarra José Angel Urtiaga Martínez, que también está procesado en esta causa y que ha presentado un poder notarial a través de Goirizelaia en el que fija su domicilio en La Habana (Cuba) y designa abogado y procurador para tener acceso a las diligencias judiciales.

PREGUNTA A LAS PARTES

El juez Velasco ha dado traslado de esta solicitud a la fiscal Teresa Sandoval, que previsiblemente se pronunciará sobre esta cuestión mañana, miércoles, y a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce la acusación popular en el proceso de forma conjunta con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, con esta petición, que previsiblemente será rechazada, los dos procesados pretenden conocer las diligencias que lleve a cabo el juez y que soliciten las acusaciones sin necesidad de ponerse a disposición de la Audiencia Nacional, que mantiene desde el 24 de febrero pasado órdenes de busca y captura internacional en su contra que incumplen desde esa fecha las autoridades de Venezuela y Cuba. "Es legalmente imposible que una persona que se encuentra huida pueda personarse en un proceso", señalaron.

El juez Velasco solicitó el pasado 20 de octubre al Gobierno español que pida al Ejecutivo de Venezuela la extradición de Cubillas Fontán, que desde 2007 el cargo de jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela (INTI), y que "antes" de cursar esta petición reclame la "revocación" de su nacionalidad venezolana. Según el magistrado, Cubillas podría haber obtenido la nacionalidad venezolana "en fraude de ley", al tener como objetivo "impedir las reclamaciones extradicionales españolas" que la Audiencia Nacional mantiene en su contra por su actividad entre 1984 y 1985 como miembro del 'comando Oker'.

INSTRUCCION DE ETARRAS

Cubillas Fontán fue señalado por los presuntos miembros del 'comando Imanol' Javier Atristain, alias 'Golfo', y Juan Carlos Besance Zugasti, 'Fenómeno', encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como el etarra que les adiestró en Venezuela en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.

El juez Velasco procesó a los etarras Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta (ya fallecido), José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. A todos ellos les imputa un delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos, y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.

PSOE Y PP ACUERDAN EN EL CONGRESO EXIGIR A CARACAS LA MAXIMA COLABORACIÓN PARA SU EXTRADICIÓN

El PSOE y el PP acordaron este martes en el Congreso instar al Gobierno a exigir a Venezuela "la máxima colaboración" en la extradición de Arturo Cubillas, acusado de adiestrar etarras en ese país. Así se recoge en la moción que los dos partidos mayoritarios pactaron en el Congreso y que fue apoyada por nacionalistas y UPyD, mientras que ERC, IU-ICV, BNG y Nafarroa Bai votaron en contra.

La moción es consecuencia de la interpelación que el día 13 de octubre enfrentó al diputado del PP Gustavo de Arístegui con el entonces ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a raíz de los testimonios de etarras que apuntaban a Cubillas como su adiestrador en Venezuela.

Aunque en su texto original el PP pedía convocar al embajador de Venezuela en Madrid, "exigir" a Venezuela explicaciones por esos supuestos campos de entrenamiento y tramitar la extradición sin dilación, el tono se ha suavizado en la redacción pactada. En concreto, el texto pactado y aprobado apela a los acuerdos bilaterales y multilaterales para "exigir a las autoridades venezolanas "la máxima colaboración política y cooperación judicial en la lucha contra ETA, así como, en el caso asociado a la búsqueda, captura y extradición de Arturo Cubillas, instalada por la Fiscalía General y que el Gobierno remitirá a las autoridades venezolanas una vez solicitada por la Audiencia Nacional".