Estados Unidos anunció que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y pidió que el opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera el ganador de las elecciones, jure como nuevo mandatario.
Así lo declaró en un comunicado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, después de que Maduro tomara posesión por un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, en medio de acusaciones de "golpe de Estado" por parte de la oposición.
Por su parte, la Unión Europea (UE) afirmó que Nicolás Maduro carece de "la legitimidad" de un mandatario "democráticamente elegido".
"Las autoridades venezolanas perdieron una oportunidad clave de respetar la voluntad del pueblo y asegurar una transición democrática transparente con garantías para todos. Nicolás Maduro, por tanto, carece de la legitimidad de un presidente democráticamente elegido", declaró la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en un comunicado en nombre de los Veintisiete.
NUEVAS SANCIONES Y RECOMPENSAS
Además, la Unión Europea aprobó formalmente este viernes nuevas sanciones contra la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Caryslia Rodríguez, así como contra otros catorce altos funcionarios venezolanos por considerar que han socavado la democracia y el Estado de derecho en ese país, lo que eleva a 69 los venezolanos sancionados por la UE.
Los nuevos quince sancionados son miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), del poder judicial y de las fuerzas de seguridad, precisó en un comunicado el Consejo Europeo.
El objetivo es apoyar "una solución negociada y democrática a la crisis", señaló en otro comunicado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien advirtió al Gobierno de Nicolás Maduro que la revocación de las sanciones dependerá de los "avances tangibles" en derechos humanos y en Estado de Derecho, así como de los "pasos significativos hacia un diálogo genuino y una transición democrática".
El pasado 28 de julio González Urrutia se enfrentó en las urnas a Maduro en unas elecciones presidenciales que el bloque opositor afirma haber ganado, según las actas que asegura haber reunido, pero el CNE decretó la victoria del segundo.
La UE, que no reconoce esos resultados electorales, ha decidido ampliar sus medidas selectivas contra el régimen de Maduro, que implican la prohibición de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de derecho.
La lista de sancionados incluía ya a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, entre otros, pero no figura Maduro.
El Reino Unido se sumó a la sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) contra Nicolás Maduro al publicar una nueva tanda de quince sancionados asociados con el Gobierno venezolano, entre los que figuran la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, al tiempo que tilda de "ilegítima" esa presidencia.
En un comunicado divulgado por el Foreign Office, el ministro británico de Asuntos de Exteriores, David Lammy, califica la presidencia de Maduro de "fraudulenta", coincidiendo con el día de la investidura.
Lammy revela la nueva ola de sanciones para expresar la "grave preocupación" del Ejecutivo de Londres ante los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio, en las que se cometieron "irregularidades significativas" y se observó "falta de transparencia".
Por su parte, la Administración de Joe Biden aumentó este viernes de 15 a 25 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, quien hoy tomó posesión como presidente venezolano para un nuevo mandato, por crímenes relacionados con el narcotráfico.
Además de la recompensa por Maduro Estados Unidos ofrece 25 millones por información que lleve a la captura del ministro del Interior, Diosdado Cabello, y otros 15 millones por el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Asimismo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones económicas a ocho altos cargos del Gobierno venezolano a los que acusa de "represión", como el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Obregón Pérez, y el ministro de Transportes, Ramón Celestino Velásquez.