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Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) se comprometieron hoy a reorientar sus ayudas energéticas de forma que estén más focalizadas en los colectivos vulnerables y las empresas más afectadas por el impacto de la guerra en Ucrania, dejando así atrás la acciones más universales.

Los ministros de los 19 países que componen el Eurogrupo aprobaron una declaración conjunta en la que garantizan que están trabajando para que las medidas que componen su respuesta a los elevados precios energéticos sean “más eficientes, mejor coordinadas y asequibles desde el punto de vista fiscal”.

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En 2023 examinaremos nuestras medidas para asegurar que son más específicas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables que están temporalmente expuestas” a las consecuencias de la agresión militar de Rusia sobre Ucrania, en especial los desorbitados precios del gas y su traslado a la factura eléctrica.

Aunque remarcó que se trata de un área de competencia nacional, el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, reelegido hoy para un segundo mandato, afirmó que los socios del euro trabarán “mes a mes” en 2023 para “mejorar más la calidad” de las medidas energéticas, garantizar que el nivel de apoyo a la economía es “el adecuado” y avanza hacia un “enfoque común” al respecto.

En esta línea, los responsables de Economía del Eurogrupo común señalan en el texto pactado que puede ser una opción el modelo “dual” propuesto por la Comisión Europea para focalizar mejor las ayudas de apoyo, pero siempre teniendo en cuenta las “características nacionales”.

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El sistema de Bruselas consistiría en subvencionar una parte del consumo energético de familias y empresas, mientras que el resto se pagaría al precio del mercado, lo que debería permitir ayudar a los beneficiarios pero sin dejar de incentivar una reducción de la demanda.

El Eurogrupo aborda así una de las principales preocupaciones expresadas tanto por el Ejecutivo comunitario como por el Banco Central Europeo (BCE), que llevan meses advirtiendo de que la mayoría de las ayudas son universales y benefician sin discriminación al conjunto de la población, generando presiones inflacionistas.