El caso Pegasus ha traspasado fronteras y el interés que suscita ha llegado hasta las instituciones europeas. De hecho, el Parlamento Europeo está estudiando la posibilidad de enviar una misión a España para analizar los casos de espionaje político.
La opción se planteó durante la reunión de coordinadores de la comisión de investigación sobre el programa Pegasus, que hoy celebró su segunda sesión, tras su reunión inaugural el pasado 19 de abril.
Las fuentes consultadas, miembros del Parlamento Europeo, coincidieron en que ha habido un amplio consenso en mandar la misión a España y precisaron que la decisión formal podría adoptarse en unas semanas.
En cambio, sí se anunció hoy que la Eurocámara enviará misiones parlamentarias a Israel (país del que procede la empresa NSO, propietaria de Pegasus) y a Hungría y Polonia, cuyos gobiernos han admitido la compra del programa de espionaje y con los que Bruselas tiene abiertos varios expedientes por violar el Estado de derecho.
Durante la reunión de este martes se planteó también la posibilidad de enviar otra misión a Estados Unidos.
La primera consecuencia política
Los casos de espionaje político en España se saldaron hoy con la decisión del Gobierno de destituir a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, que será sustituida por la secretaria de Estado de Defensa, Esperanza Casteleiro.
Su destitución se produce después de que Esteban reconociese la semana pasada en la comisión de secretos del Congreso de los Diputados que el CNI ordenó espiar en 2019 con autorización judicial al presidente catalán, Pere Aragonès, cuando aun era vicepresidente de la Generalitat. La ya exdirectora del CNI afirmó también que se habían espiado en total a 18 políticos.
El cese de Esteban se ha anunciado también después de que el Gobierno español reconociese que los teléfonos del presidente, Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fueron infectados el año pasado.
La crisis política se desencadenó en España después de que el instituto canadiense Citizens Lab publicase que 63 políticos independentistas y personas de su entorno fueron espiados.