Evo Morales expropia cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha promulgado este sábado un decreto supremo por el que se nacionalizan las distribuidoras de electricidad Electropaz de la Paz y ELFEO de Oruro, ambas filiales de la española Iberdrola.

"Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana", ha afirmado Morales en un acto celebrado en el Palacio de Gobierno de La Paz, según recoge la agencia de noticias oficial, ABI.

Morales, acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, ha indicado que la medida "garantizará el derecho humanitario (a la electricidad) de los ciudadanos que bien en el área rural, precautelando su economía".

Electropaz y ELFEO pasarán a estar bajo control de la Empresa Nacional de Electricidad boliviana (ENDE), con lo que se pone fin a la presencia de Iberdrola en Bolivia.

LA POLICÍA CUSTODIA LAS FILIALES NACIONALIZADAS

Agentes de policía custodian en La Paz estaciones eléctricas y oficinas de la distribuidora Electropaz, una de las cuatro empresas propiedad de la española Iberdrola nacionalizadas hoy por el Gobierno de Bolivia.

Efectivos policiales del Grupo de Investigaciones Especiales se han desplazado a diferentes instalaciones de esta distribuidora de electricidad, la principal de la capital boliviana, y han cortado algunas calles adyacentes, según pudo comprobar.

BOLIVIA PROMETE UNA JUSTA REMUNERACIÓN

El Gobierno de Bolivia prometió hoy una "justa remuneración" y un "trato respetuoso" a la empresa española Iberdrola tras la expropiación de cuatro de sus filiales en este país, entre ellas las distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz y Oruro.

"Va a haber una justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de manera arbitraria", afirmó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al tomar posesión acompañado por la policía de una de las oficinas de Electropaz, la filial de Iberdrola en La Paz.

El vicepresidente sostuvo que es un "derecho soberano" de Bolivia "nacionalizar" los servicios básicos para su "distribución equitativa", pero insistió en que "habrá un trato respetuoso hacia el inversionista extranjero, en este caso, la empresa española Iberdrola, que es la dueña de las acciones".

Reiteró que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contratará a una empresa independiente que verá "el patrimonio, las deudas, los activos" de las firmas expropiadas, y con esos datos se negociará la compensación.

"Confiamos en que en los siguientes meses, mediante el diálogo y mediante informes técnicos precisos y de carácter independiente, encontremos una salida negociada con la antigua empresa dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema", agregó.

LA OPOSICIÓN DICE QUE ES UNA CORTINA DE HUMO

La expropiación de las filiales de Iberdrola en Bolivia es una cortina de humo con la que el Gobierno de Evo Morales pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos, dijeron opositores y analistas.

Morales decretó este sábado por sorpresa la expropiación de las acciones de Iberdrola en las distribuidoras de electricidad de las regiones de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones.

En declaraciones a Efe, la senadora Centa Rek, de la conservadora Convergencia Nacional, consideró que se trata de una "estrategia" del Gobierno para "distraer la atención" del caso de la red de corrupción que estalló hace un mes y que, a su juicio, "es más grave de lo que se sabe hasta el momento".

"Es clarísima la estrategia. No sé si se ha hecho (la nacionalización) haciendo cifras y viendo el beneficio que trae al país más que subsanar el costo político. A este país, el tapar las situaciones políticas le está llevando un costo muy grande", agregó.

El Movimiento sin Miedo (MSM), que fue aliado de Morales hasta 2010, opinó en un comunicado que se trata de "una cortina de humo para cubrir el 'macroescándalo' de la red de extorsión descubierta en el seno mismo del Gobierno de Morales y que está debilitando su imagen a nivel nacional e internacional".

"La medida improvisada y coyunturalista asumida por Morales (...) aparece como una nueva y millonaria adquisición de acciones a plazos diferidos que luego se convierten en un incremento de la deuda externa del Estado con compañías o consorcios extranjeros que invirtieron en rubros (sectores) estratégicos", agrega la nota.

Tanto Rek como el MSM coincidieron en que el Ejecutivo también ha intentado desviar la atención de la recién destapada red de extorsión reavivando en los últimos días la controversia con Chile por la demanda de una salida soberana al océano Pacífico.

El analista económico Julio Alvarado opinó que la nueva expropiación "no era necesaria" y "es un show político que hace el gobierno del presidente Evo Morales para tapar el terrible caso de corrupción que afecta a altas esferas del Gobierno".

Alvarado dijo a Efe que la justificación que dio el Gobierno para la expropiación "no corresponde a la realidad" porque ya existe una entidad -la Autoridad de Control y Fiscalización de Electricidad- encargada de fijar y regular las tarifas.