Francia quiere pasar la engorrosa página del espionaje de EEUU
Francia intenta cicatrizar a marchas forzadas el escollo diplomático surgido por el espionaje de Estados Unidos a sus tres últimos presidentes, un secreto a voces con el que contaba el grueso de la clase política francesa y que ahora WikiLeaks ha convertido en una verdad incómoda.
"Esto es el principio de una serie. Creo que los documentos más importantes están por llegar", declaró a la cadena de televisión TF1 el fundador de ese portal de filtraciones, Julian Assange, que amenaza con difundir nuevas "informaciones más importantes" que las revelaciones en 2013 sobre las escuchas a la canciller alemana, Angela Merkel.
Cuando trascendieron los pinchazos de Washington a la mandataria alemana, el presidente de Francia, François Hollande, puso el grito en el cielo y llegó a amenazar con suspender las negociaciones del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que arrancaban entonces y se espera concluyan a finales de 2015.
Ahora se aferra a los compromisos adquiridos por el presidente estadounidense, Barack Obama, quien aseguró entonces y le reiteró ayer en una conversación telefónica que Washington ha puesto punto final al espionaje a líderes de países aliados.
Las nuevas filtraciones sobre los expresidentes Jacques Chirac y Nicolas Sarkozy y el propio Hollande se refieren a pinchazos telefónicos que tuvieron lugar entre 2006 y 2012, con lo que no desmienten las promesa de Obama de haber erradicado esas prácticas en 2013, aunque los políticos franceses asumen que sus comunicaciones no son privadas.
"Hace mucho tiempo que me digo que puedo estar bajo escuchas. Antes incluso de ser ministro. Cuando tengo cosas muy importantes que decir, se dicen sin pasar por el teléfono", señaló a la cadena "iTélé" el titular de Agricultura y portavoz del Ejecutivo socialista francés, Stéphane Le Foll.
Las declaraciones de Le Foll, amigo personal de Hollande, se alinean con la opinión de exministros como Bernard Kouchner, Michèle Alliot-Marie o François Barain, quienes asumen que acceder a altas responsabilidades de gestión en la quinta potencia económica del mundo implica colocarse en el punto de mira de los servicios secretos extranjeros.
"Es una práctica común entre Estados. Los rusos y los chinos hacen lo mismo. Convivimos con esa posibilidad. Al principio poníamos atención, pero el ritmo es tan alto que la prudencia se olvida rápidamente", dijo al diario "Le Parisien" un exasesor de la Presidencia francesa.
Los jefes de Estado de Francia viajan siempre acompañados de un experto en telecomunicaciones y tienen a su disposición teléfonos encriptados que garantizan la seguridad de sus conversaciones, pero su manejo es incómodo y pronto dejan de utilizarlo porque les parece poco práctico.
Para alivio de los servicios secretos franceses, Chirac, jefe del Estado entre 1995 y 2007, no quería un teléfono móvil, pero utilizaba frecuentemente el que tenía instalado en el coche oficial. En cambio Sarkozy, presidente entre 2007 y 2012, usaba su teléfono personal permanentemente.
Hollande, según desgranan los medios locales, solía ser muy imprudente cuando llegó al Palacio del Elíseo en 2012, al punto que sus vecinos del domicilio que compartía en París con la entonces primera dama, Valérie Trierweiler, le escuchaban hablar por teléfono con sus ministros desde el balcón.
Pero sus costumbres cambiaron a partir de enero de 2013, como consecuencia de la intervención de las tropas francesas en Mali para detener el avance yihadista porque la operación ponía en juego la vida de muchos de sus compatriotas, aunque todavía conserva su teléfono móvil personal, cuyo número no ha cambiado en años.
La filtración de las escuchas es además inoportuna para el Gobierno, ya que las cabeceras Libération yMédiapart sacaron el caso a la luz pública el mismo día que la Asamblea Nacional votaba la nueva y polémica ley que dará cobertura a la acción de los servicios secretos de Francia.
Por eso, Hollande pidió hoy al Consejo Constitucional que examine "si el conjunto de disposiciones previstas aseguran un equilibrio suficiente entre la salvaguarda de los intereses fundamentales de la nación y la protección de los derechos constitucionales, en particular el respeto a la vida privada".
El texto aprobado detalla posibles métodos de vigilancia e interceptación de información y comunicaciones entre ordenadores o móviles, la instalación en vehículos de balizas de localización por GPS o la colocación de micrófonos y cámaras.
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