Japón comienza este jueves a echar al mar el agua contaminada del reactor nuclear de Fukushima

El Gobierno japonés anunció este martes que el vertido al Pacífico del agua radiactiva y tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima empezará este jueves.

Es una decisión que ha generado protestas en la sociedad nipona y en la industria pesquera nacional, además de en países vecinos como China y Corea del Sur.

El Gobierno y la empresa propietaria de la central, Tokyo Electric Power (TEPCO), han comprobado "la seguridad" del vertido y por ello han decido comenzar esta misma semana con el mismo, dijo el primer ministro nipón, Fumio Kishida, tras una reunión con los ministerios involucrados en la gestión del desastre atómico.

CON EL RESPALDO DE LA OIEA

La decisión se produce tras la visita este pasado fin de semana del mandatario a la planta del noreste del país para comprobar el estado de los preparativos y tras el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al plan.

El inicio del vertido se llevará a cabo este jueves, día 24, según lo previsto "si no hay ninguna condición meteorológica ni marítima" que lo impida, dijo Kishida en declaraciones a los periodistas.

El agua de Fukushima se compone del agua contaminada durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido a raíz del accidente nuclear desencadenado por el terremoto y tsunami de marzo de 2011, así como de filtraciones de agua de lluvia en las instalaciones durante estos más de diez años.

Esta agua se ha estado almacenando en tanques tras someterse a un exhaustivo procesamiento para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, pero los recipientes y el espacio de almacenamiento físico en las instalaciones está llegando a su límite.

Hasta finales de julio había almacenados unos 1,34 millones de toneladas de agua tratada, en torno al 98 % de la capacidad máxima.

El líquido procesado y diluido en agua marina antes de su vertido al mar contiene bajas cantidades de tritio, un isótopo radiactivo, así como otros residuos de materiales radiactivos en concentraciones considerados inocuas dentro de los límites internacionales de seguridad para la industria nuclear, según el OIEA.

PROTESTAS EN JAPÓN Y PAÍSES VECINOS

Pese a esta argumentación, la comunidad pesquera del país, y en especial los pescadores locales de Fukushima, han venido mostrando su rechazo a la iniciativa, por el nuevo golpe que el vertido supondrá para la reputación de las capturas de la zona, ya lastradas por las consecuencias de la crisis nuclear.

"No hay ningún cambio en nuestra postura contra la medida, porque como venimos insistiendo se trata de un vertido al mar que no cuenta con la comprensión de los pescadores ni del pueblo japonés", señaló hoy en un comunicado la federación nacional de pescadores de Japón.

"El único deseo de los pescadores es poder volver a pescar con seguridad como antes del accidente", dijo la federación.

Este mismo martes, varios centenares de personas se congregaron frente al Parlamento nipón para protestar contra el vertido, que se prevé que se prolongue en el tiempo varias décadas, en paralelo al largo y complejo proceso de desmantelamiento de la planta.

La organización ecologista y antinuclear Greenpeace también criticó este martes la decisión de Tokio de proceder al vertido desde este jueves, y señaló que la medida "ignora la evidencia científica", en un comunicado.

"Viola los derechos humanos de las comunidades en Japón y la región del Pacífico y no cumple con el derecho marítimo internacional. Lo que es más importante, ignora las preocupaciones de su pueblo, incluidos los pescadores", según la ONG.

El Gobierno de Corea del Sur, por su parte, volvió a señalar hoy que no ve problemas científicos ni técnicos en el plan nipón para deshacerse del agua, en contraste con el rechazo a esta medida que sigue manteniendo el principal partido opositor del país, y que también han expresado organizaciones ecologistas surcoreanas.

Pekín, asimismo, volvió a exigir hoy a Tokio que detenga el vertido y señaló que seguirá tomando medidas "para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos chinos", a través de su portavoz de Exteriores Wang Wenbin.