El Gobierno francés del presidente socialista, François Hollande, se enfrenta este jueves a una convocatoria de huelga general de parte de los sindicatos contra su reforma laboral que provocará, entre otras cosas, la supresión de vuelos y perturbaciones en otros transportes públicos.
A las cuatro grandes centrales sindicales convocantes del paro (CGT, FO, FSU y SUD) se han sumado dos organizaciones de estudiantes (Unef y UNL) que exigen la retirada del proyecto de ley que lleva el nombre de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri.
Una decena de personas ha sido detenida hoy en diversas protestas en París contra el proyecto de reforma laboral del Ejecutivo socialista, confirmaron fuentes policiales. Las detenciones se han producido por "lanzamiento de proyectiles", añadieron las fuentes.
Los altercados entre manifestantes y fuerzas del orden tuvieron lugar en la manifestación estudiantil iniciada poco antes de la protesta general organizada por cuatro grandes centrales sindicales para las 11.30 GMT de hoy. Las organizaciones convocantes de la huelga han organizado más de 200 manifestaciones por todo el país.
También se han registrado incidentes en otras ciudades, en especial en las de Nantes y Rennes, en el noroeste del país. A primera hora de la mañana, según datos del Ministerio de Educación citadas por los medios, unos 176 institutos fueron bloqueados en Francia de forma total o parcial, una cifra que los sindicatos estudiantiles elevan a 250.
Las últimas protestas contra el proyecto de ley, que tuvo lugar el pasado 24 de marzo, se saldaron con 40 detenidos, algunos coches quemados y otros daños materiales en todo el país.
Los manifestantes exigen la retirada de la reforma laboral, vista como una "suma de regresiones históricas" porque, a su juicio, "facilita el despido", permite revisar las reglas del tiempo de trabajo para ampliar horarios e invierte la jerarquía de las normas al dar primacía a los acuerdos en las empresas sobre los convenios colectivos.
La intersindical de los funcionarios denuncia que "es una suma de regresiones históricas" porque "facilita el despido", permite revisar las reglas del tiempo de trabajo para ampliar horarios e invierte la jerarquía de las normas al dar primacía a los acuerdos en las empresas sobre la legislación laboral o los convenios colectivos nacionales. "
El debilitamiento de los derechos de los trabajadores y la posibilidad de despedir con mayor facilidad nunca han permitido luchar contra el paro", afirmó esa agrupación en un comunicado. En respuesta a estas y otras acusaciones, El Khomri aseguró que el Ejecutivo escucha "las inquietudes de la juventud" y se decidió a preparar ese texto precisamente por la precariedad de ese colectivo.
En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional, destacó que su propuesta legislativa incluye, en particular, la universalización a partir de 2017 de la "garantía jóvenes" que permitirá recibir un subsidio y un proyecto de inserción laboral a los que están desempleados y ni estudian ni están en formación.
El ministro de Finanzas, Michel Sapin, hizo hincapié en que las nueve décimas partes del contenido de la ley han sido objeto de una amplia concertación.
Una concertación que condujo a los conocidos como sindicatos reformistas, y en particular a la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT), a retirarse de las movilizaciones, después de que el Ejecutivo diera marcha atrás en algunas de las disposiciones más liberales, referidas al despido. La principal concesión a la CFDT fue renunciar a fijar un tope a las indemnizaciones por despido improcedente, sustituido por un baremo indicativo para los jueces de lo social.
También desaparecieron una serie de causas que -en el redactado inicial- podían esgrimir las empresas para despedir por razones económicas, y serán los jueces quienes establezcan si ha habido voluntad de falsear las cuentas por su parte para acreditar pérdidas que justifiquen supresión de empleos.
La oposición a ese proyecto de ley comenzó desde que se filtraron a finales de febrero algunos de sus puntos y la oleada de protestas convocadas hasta ahora tuvo su mayor afluencia el pasado 9 de marzo, cuando 200.000 personas, según las autoridades, y 450.000, según los organizadores, se echaron a las calles en todo el país.
ESPECIAL INCIDENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN Y EL TRANSPORTE
Más allá de las decenas de manifestaciones organizadas hoy, el paro tendrá consecuencias sobre todo en la Administración y en el transporte. Las compañías que operan en el aeropuerto de París-Orly han tenido que cancelar un 20% de sus vuelos allí y un tercio en el de Marsella.
La Dirección General de la Aviación Civil (DGAC), que había avanzado a las aerolíneas la reducción de sus programas del día a la vista de la huelga de controladores, no esperaba anulaciones en otros aeropuertos, pero sí numerosos retrasos, así como posibles implicaciones para los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo francés.
En los ferrocarriles, la compañía SNCF había prevenido de que la huelga iba a afectar en particular a los cercanías de París (sólo deben circular entre un tercio y la mitad de los habituales, según las líneas) y los trenes regionales (se mantienen la mitad de los habituales).
En las líneas de largo recorrido, la normalidad era la regla en los trenes internacionales, pero no así en los trenes de alta velocidad (TGV), con supresiones en algunas líneas, sobre todo en los ejes con el Atlántico y con el Sureste (una cuarta parte) y en el eje con el Norte (la mitad). En la capital francesa, se habían reducido las frecuencias del metro en un 25%, pero se esperaba que tranvías y autobuses funcionaran normalmente.
El paro acarreaba también el cierre preventivo de liceos y la ausencia de prensa en los quioscos, así como alteraciones en numerosos servicios públicos. En el sector privado, como ocurre en estos casos, el seguimiento se auguraba muy limitado.
